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Sin querer, un tiro en el pie

El sector extractivo del país (la industria petrolera y minera) siempre ha sido considerado un segmento estratégico para la economía nacional.

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diciembre 19 de 2018
2018-12-19 09:45 p.m.
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El sector extractivo del país (la industria petrolera y minera) siempre ha sido considerado un segmento estratégico para la economía nacional. Cuando se da una mirada a los aportes de este sector, a partir de los datos presentados en los reportes de Eiti Colombia - Iniciativa de Transparencia del Sector Extractivo (por sus siglas en inglés) desde el 2013, los recaudos caen en un promedio anual de 8,2 billones de pesos.

Este faltante representó un gran hueco fiscal para el Estado, al punto de que el gobierno planteara una reforma tributaria, aumentando el IVA al 19 por ciento. Pero, con todo y eso, el golpe de la caída en los ingresos de la industria extractiva sigue impactando las finanzas públicas, lo que ha llevado a que el gobierno del presidente Duque nos proponga una nueva reforma tributaria para obtener nuevos ingresos para el presupuesto general de la nación, presionado ahora por la exigencia del estamento de la educación superior estatal, que afirma necesitar 16 billones de pesos para superar el déficit que tiene la universidad pública del país.

De ahí, entonces, se comprende la reacción de alegría de los analistas ante las cifras de recuperación progresiva en el 2017 de los precios del petróleo y otros commodities (como las materias primas mineras), aunque con un sabor agridulce, ya que los precios mejoraron, pero no la producción de estos, ya que las empresas mineras y petroleras se vieron en una serie de condiciones adversas para lograr sus metas anuales de producción.

Así, mientras los reportes de Eiti Colombia muestran fácticamente cómo se está produciendo cada vez menos, con las consiguientes cifras de reducción billonarias en regalías, impuestos y otros pagos, la opinión pública cree que cada vez hay más actividad extractiva en el país, a la cual hay que oponerse porque supuestamente desplaza otras actividades económicas, además de los supuestos nefastos e irreversibles impactos ambientales. Así, muchos titulares en medios comunicaron el adelanto de 61 consultas populares en diferentes municipios, para decidir si se podrían o no realizar proyectos petroleros y mineros en sus territorios.

Y así, mientras los aportes económicos que hace la industria al país caen vertiginosamente, suben los conflictos socioambientales alrededor de ellos. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental de la Universidad de Barcelona, de los más de 300 conflictos que hay en América Latina, 72 son en Colombia.

Si la conflictividad sigue en aumento y los aportes continúan bajando, ¿quién aportará lo que está dejando de percibirse en regalías e impuestos? El Gobierno tiene, además de los compromisos con el proceso de paz, más obligaciones y menos ingresos.

Mientras logramos como país generar ingresos con nuevas dinámicas productivas, como la tan promocionada economía naranja, dependemos enormemente de los recursos derivados del sector extractivo. Podemos decirle un no tajante a la actividad minera y petrolera. Pero, debemos ser responsables en asumir las consecuencias, como es hacer más aportes individuales y estar dispuestos a pagar más impuestos. O, tener un diálogo más razonable sobre la economía extractiva, exigiendo que se haga de manera responsable económica, social y ambientalmente, para que siga aportando al desarrollo de Colombia.

Jhan Rivera
Director Asociado Monodual

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