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Verdades del cargo por confiabilidad

Vamos a defender con argumentos reales este proyecto de ley, que ha sido concebido como una solución viable para el país.

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septiembre 26 de 2018
2018-09-26 08:47 p.m.
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La realidad del uso de los recursos recaudados bajo la figura del cargo por confiabilidad dista mucho del propósito para el que fue creado (garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica), así quedó en evidencia durante la crisis energética 2015-2016, en la cual a los colombianos nos tocó hacer un racionamiento programado para evitar el apagón.

Fue en ese momento que se configuró un consenso colectivo nacional del mediocre diseño y regulación por parte de la Creg en la Resolución 71 de 2006, suscrita por el señor Manuel Maiguashca, en su paso por el Viceministerio de Energía, quien para sorpresa de nadie, ahora sale a defender, desvergonzadamente, su invención con la cual le ha procurado a sus clientes cerca de 9 billones de pesos en ingresos a lo largo de la última década, a cambio de nada a favor de la nación.

La prueba reina llegó con el informe del año 2016 de la Contraloría, en el cual se evidencia cómo la falta de precisión en la regulación es la causante de que el cargo por confiabilidad no cumpla su cometido y que, a su vez, genere un incumplimiento no sancionado. Esta ‘desafortunada’ imprecisión ha ocasionado que las generadoras hayan destinado la mayor parte de los recursos recibidos, al cubrimiento de sus gastos ordinarios y al mantenimiento de la capacidad instalada, dejando en segundo plano la expansión de la misma.

El informe concluye que: “Se otorgó una remuneración a los diferentes agentes generadores (…) sin que se verificara por medio de auditorías y en su totalidad, dichas características y parámetros”. En otras palabras, se le impuso a los usuarios un cargo, pero nunca nadie supo a cambio de qué. No obstante, a pesar de las discrepancias observadas por las auditorías realizadas, la Creg no ha dispuesto la devolución de pagos, ni las sanciones establecidas.

Por lo anterior, el proyecto de ley de redistribución del cargo por confiabilidad (130 de 2018 Cámara) que hemos presentado en el Congreso, antes de poner en riesgo el abastecimiento energético del país, sincera y modifica la naturaleza del cargo para que se le dé un manejo transparente.

Se comprobó que las de mayores necesidades son las termoeléctricas, así que el proyecto de ley destina el 50 por ciento del recaudo a la financiación del mantenimiento de estas.

El recaudo anual del cargo por confiabilidad ha crecido exponencialmente debido a las medidas adoptadas por la Creg, llevando el pago mensual de 23 a 60 pesos kW/h, por lo que el proyecto propone una reducción de este cobro a 45 pesos KW/h, haciéndolo más racional y equitativo. También, se propone destinar el 20 por ciento de la nueva contribución a financiar los subsidios de los estratos 1 y 2, que actualmente presentan un déficit anual de 1,2 billones de pesos. Finalmente, se mantiene el objetivo central del esquema y se destina el 30 por ciento de la contribución a proyectos de inversión para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema. Que de manera transitoria, en sus primeros ocho años, deberán concentrarse en la región Caribe, con la cual se guarda una deuda de más de veinte años.

Vamos a defender con argumentos reales este proyecto de ley, que ha sido concebido como una solución viable para el país, que permitirá llevar verdaderamente a la práctica la teoría del denominado ‘cargo por confiabilidad’ que pagamos los colombianos.

José David Name C.
Senador de la República - Presidente de la Comisión V

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