Resulta fácil comprender a un número representativo de jóvenes, que encontró en las múltiples manifestaciones, una forma de expresar sus inconformidades de manera violenta, sin que ello las justifique, otros decidieron participar respetuosa y propositivamente, con la intención de contar con oportunidades para crear emprendimientos sólidos, programas de vinculación laboral en mejores condiciones y una educación superior gratuita y de calidad.
La pandemia ha dejado al descubierto problemas estructurales, profundizados con el pasar del tiempo, los cuales requieren políticas públicas revolucionarias. En este caso, me referiré a los jóvenes, quienes han pagado una cuota muy alta por falta de oportunidades laborales y les correspondió asumir de manera inesperada una nueva manera de relacionarse, condicionada a protocolos, muchos de ellos en espacios reducidos sin la tecnología necesaria y compartiendo con miembros de la familia de distintas edades e intereses, normas de cabal cumplimiento para la preservación de la salud y la vida.
Revisando cifras, encontramos una tasa de desempleo de 23,1%, es decir, 144.000 jóvenes desocupados más que hace un año. Si agregamos los que ni estudian ni trabajan, denominados ‘ninis’, que para el mismo periodo de estudio, fueron de 3,3 millones, representando el 26,8% de las personas en edad de trabajar para ese rango de edad.
Ahora bien, en cuanto a capacidad institucional, políticas públicas y programas, anotar programas encaminados a la promoción e inclusión de esta población como lo es ‘Estado Joven’ que promueve la transición al mercado laboral; ‘Sacúdete: Camello sí hay’, a través del cual se subsidiará el 25% de la seguridad social de un salario mínimo a aquellas empresas que los contrate; Misión TIC 2022 enfocada a la educación en programación y sistematización; matrícula cero a más 695 mil jóvenes de pregrado de instituciones de educación superior pública. El reciente proyecto de ley de inversión social, contempla los recursos necesarios para financiar las oportunidades que los jóvenes reclaman.
Sin embargo, se hace necesario optimizar las capacidades institucionales, para alcanzar mayor eficiencia e impacto. Por consiguiente, si se realizara un seguimiento adecuado entre los sistemas de subsidios entregados a la población más vulnerable a través de los puntajes establecidos en el Sisbén y las necesidades de los jóvenes en educación y empleo, hoy Colombia tendría información para tomar decisiones focalizadas y estratégicas frente a una población como los ‘ninis’ que se convierten en un capital humano que ha decidido autoexcluirse de las posibilidades de crecimiento, es probable que estos ‘ninis’ correrán el riesgo de formar nuevos hogares con pocas capacidades de movilidad social.
Ante esto, como sociedad estamos en deuda con una política pública eficiente y de largo plazo que brinde oportunidades a los jóvenes; un tejido empresarial con capacidad de emplearlos y un sistema educativo que brinde educación de calidad y pertinencia, y alcancen sus propósitos de vida.
Rosmery Quintero Castro
Presidente Ejecutiva ACOPI
@RosQuinteroC