Cuando un grupo de taxistas se encadenó frente al MinTIC en 2016, su petición era sencilla: “Bloqueen a Uber”. Como representante del ministerio y solo después de muchas sesiones y de escuchar a todas las partes, logré entender la realidad de un modelo de negocio abusivo por parte de muchos dueños y empresas de taxis que controlan el monopolio y les hablan al oído a senadores como Robledo, y los taxistas entendieron que no van a parar la tecnología.
Gracias a ese trabajo hoy piden reglas de juego iguales y han empezado a aventurarse en la tecnología. Sin embargo, muchos taxistas siguieron la pelea legal con los resultados que ya vimos, lo que hace más difícil que entiendan que la única forma de ganar esta batalla es ganándose al usuario, algo que Uber tiene claro. En la pelea entre los taxistas y las aplicaciones por el transporte individual, los usuarios somos las víctimas. Víctimas de la falta de liderazgo en los gobiernos de Santos y Duque para generar una regulación adecuada, víctimas del desinterés de Uber para dejar de operar en los vacíos de la regulación para pasar a ser transparente y legal (Cabify si lo hizo), y víctimas de un sector vocal y clientelista de los taxis que quiere el monopolio del siglo XX.
No hay quien hable por nosotros en mesas de trabajo donde pocos se hablan. Tampoco en un congreso cooptado por intereses particulares y donde la desconexión de los congresistas con la realidad de los usuarios hace que cualquier iniciativa nazca muerta. Los votos de 800.000 adultos relacionados con la industria del transporte hacen babear a los políticos, aunque no hay muestra de que elijan más que a un puñado de senadores.
Como lo escribía el CEO de una startup en redes sociales, el modelo de negocio de Uber se centra en aprovechar vacíos legales. Es un servicio conveniente para los usuarios, flexible para los conductores, pero choca de frente con el marco legal de la mayoría de países. Entonces, ¿defendemos el imperio de la ley? o, ¿defendemos la posibilidad de escoger el servicio que más me conviene?
Pues no tiene que ser esa falsa dicotomía. La ley debe cumplirse y la institucionalidad actuar para que sea relevante para todos nosotros. Si el Ministerio de Transporte modifica el decreto 172 de 2001 y adiciona la categoría de servicio público individual en vehículos no taxi, los usuarios van a poder escoger el servicio que mejor les convenga, y del gobierno depende que sea con seguridad, calidad y transparencia. Para que haya transparencia, las plataformas (y Uber no es especial) deben participar en las discusiones y ceder. Ser transparentes, con tarifas claras y relaciones laborales justas; si siguen imponiendo el ‘estado de opinión’, terminan siendo como las mafias de siempre.
Por nuestra parte, como usuarios, no nos quedemos impávidos. Escojamos más plataformas! Descarguen Didi, Beat, Cabify, así como las aplicaciones de las empresas de taxis. Las que no les sirvan, pues no las usen. Solos somos muy débiles, pero unidos somos la fuerza del mercado. Y si la usamos vamos a evitar que nos devuelvan a un pasado que nunca fue mejor.
Carlos Rozo
Exdirector de Gobierno Digital del MinTIC
crozo7@gmail.com