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La ley de financiamiento, una reforma estructural

A pesar de haberse establecido en la legislación la Regla Fiscal en el 2010, aún no hemos logrado remover del horizonte los nubarrones.

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noviembre 15 de 2018
2018-11-15 07:58 p.m.
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La política macroeconómica comprometida con la estabilidad y la buena salud del aparato productivo descansa sobre tres pilares, a saber: el monetario, el fiscal y el financiero. Durante los últimos 60 años, Colombia se ha distinguido por haber observado, en general, unas buenas prácticas de manejo en estas materias, gracias a una tecnocracia bien formada profesionalmente, a un régimen democrático que a pesar de sus vicisitudes ha logrado mantenerse, y a unas instituciones cada vez más idóneas.

Más recientemente, en el ámbito monetario cabe subrayar la independencia del banco central ante al Gobierno, que se consagró constitucionalmente hace 27 años, y que desde entonces ha sido la clave para que el control de la inflación se haya vuelto exitoso. Y en lo financiero, tanto la regulación como la supervisión cada día se alinean de manera más coherente con la estabilidad de la moneda. Sin embargo, del lado fiscal no se puede afirmar lo mismo, pues en dicho frente yacen los mayores dolores de cabeza del Estado que le han dificultado su tarea de convertir el crecimiento en una fuente equitativa, sostenible y competitiva del bienestar de los ciudadanos.

A pesar de haberse establecido en la legislación la Regla Fiscal en el 2010, una institución que hay que preservar como baluarte de la credibilidad de los agentes económicos internacionales en la estabilidad, en especial de parte de las calificadoras de riesgo, aún no hemos logrado remover del horizonte los nubarrones que amenazan con colocar en entredicho esa confianza.

Pues bien, ahora se presenta la gran oportunidad para hacerlo, bajo el liderazgo de un jefe del Estado que ha decidido jugársela toda con su proyecto de ley de financiamiento antes de cumplir los primeros cien días de su mandato, situando los intereses del país por encima de los de su patrimonio político.

Repasemos cinco de sus elementos medulares. El primero, la extensión del IVA a buena parte de los rubros de la canasta familiar, con compensaciones a los más pobres, de donde provendrían más de tres cuartas partes de los nuevos ingresos del fisco, y la disminución a solo dos niveles del tributo: el 18 por ciento y los exentos. Una genuina y audaz simplificación del sistema, que además salvaguarda su progresividad. Tras empeños semejantes se ahogaron no pocos proyectos de reformas anteriores que, como esta, se habían anunciado como ‘estructurales’, pero que no lo fueron por no haber podido saciar esta aspiración de vieja data.

A propósito, ¿cómo se podría definir una reforma estructural? Propongo algo simple y elemental: que su vigencia alcance al menos para dos periodos de gobierno, o sea ocho años. En contraste con ese terrible desgaste de reformas cada año y medio en promedio, sin resolver los problemas de fondo, como son la excesiva tributación sobre las fuentes formales de empleo, la informalidad, la evasión y la raquítica cobertura del régimen tributario.

Un segundo elemento es la reducción de la insoportable carga tributaria de las empresas, que les está recortando en materia grave su capacidad de crecimiento y de generación de empleo formal y bien remunerado, y que está castigando duramente a las inversiones formales nacionales y extranjeras en todos los sectores económicos también formales.

Tercero, la creación de un Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal, principalmente del petrolero, que en el 2013 llegó a la quinta parte del total de los ingresos del Gobierno Nacional Central, para luego desaparecer por completo en menos de dos años. Este Fondo, en combinación con la Regla Fiscal, estaría llamado a conducir a los gobiernos a aplicar rigurosamente el más sagrado precepto de las buenas prácticas de manejo de los recursos públicos: la contraciclicidad. O sea, la inmortal lección bíblica de ahorrar en las épocas de ‘vacas gordas’ (subir el recaudo y/o bajar gastos), para poder invertir en las épocas de ‘vacas flacas’ (bajar el recaudo y/o aumentar gastos). Al parecer, últimamente hicimos lo contrario.

El cuarto elemento es el establecimiento del Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación. Esta es la más valiosa herramienta para incorporar a la base tributaria a vastos segmentos de la economía informal, que no por ello son los más pobres, pero que no aparecen por ningún lado a la hora de dibujar el mapa de los contribuyentes en el país.

Y, finalmente, el quinto elemento, que está constituido por un potente conjunto de medidas para combatir la evasión y la elusión tributarias, estrechamente enlazado con el anterior.

Son muchos otros los puntos tratados a lo largo de los 87 artículos del proyecto, algunos de los cuales habrá que revisar. Sin embargo, los cinco elementos referidos anteriormente conforman, a mi juicio, el fundamento de su índole verdaderamente estructural. Se trata de una iniciativa de largo alcance que merece el apoyo de todos los colombianos.

Carlos Gustavo Cano
Excodirector del Banco de la República.

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