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La Ocde y la buena regulación

La buena regulación sí vale la pena. Una regulación transparente y predecible es un determinante de la productividad y del crecimiento económico.

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septiembre 08 de 2019
2019-09-08 07:09 p.m.
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Pinker sigue teniendo razón: las buenas noticias pasan desapercibidas; son una especie de destellos que tardan años y esfuerzo para llegar y se opacan fácilmente en olas de pesimismo desbordante. Especial escepticismo existe frente a los logros del Estado colombiano. Uno de estos tiene que ver con la forma en que el Gobierno Nacional regula las interacciones en la sociedad. Esta reforma, una revolución silenciosa, se gestó en el año 2014 como fruto del proceso de acceso del país a la OCDE.

La buena regulación sí vale la pena. Así ha sido demostrado por la literatura especializada y la experiencia de varios países. Una regulación transparente y predecible es un determinante de la productividad y por tanto en el crecimiento económico.

En Colombia, a pesar de enormes avances y esfuerzos, aún hay mucho camino por recorrer en calidad regulatoria. Las instituciones que regulan han sido débiles frente al poder político y económico. La regulación, muchas veces, no ha sido ni predecible ni transparente. La afición por regular ha producido una indigestión normativa: entre 1939 y 2018 el Gobierno expidió 6 decretos y 15 resoluciones por día.

Entendiendo esta realidad, el Gobierno le pidió a la OCDE hacer un análisis de la calidad regulatoria en Colombia y dar recomendaciones con base en las mejores practicas. Varias reformas se han desprendido de este análisis, algunas de las cuales vale la pena mencionar.

Hoy, los Superintendentes son independientes. Con el Decreto 1817 del 2015, se le dio independencia a de los Superintendentes de Industria y Comercio, Sociedades y Financiero. El Presidente no puede despedir a un Superintendente, salvo razones excepcionales. El decreto les da un periodo fijo, coincidente con el mandato presidencial.

Quedó faltando la independencia de las demás superintendencias. También quedó faltando la protección legal a los Superintendentes y directores de agencias reguladoras, quienes terminan pagando el resto de su vida abogados para defenderse por acciones en ejercicio de sus funciones. La protección legal es un estándar en casi todos los países OCDE.

Ya no habrá más decretos o resoluciones sorpresa. Todos los Gobiernos en Colombia, sin excepción, han expedido decretos, resoluciones o todo tipo de regulaciones sin consultarlas con la sociedad. Esto se acabó. Ahora todos los decretos firmados por el Presidente deben ser publicados en línea 15 días antes de su expedición (Decreto 270 del 2017). A lo mismo están obligados ministros y directores de agencias con sus propias regulaciones (resoluciones y circulares).

Por último, hoy existe la obligación legal de realizar una estimación del impacto de una propuesta regulatoria, evaluando costos y beneficios para definir si se justifica su existencia. También, las Comisiones de Regulación tienen la obligación de adelantar estudios de impacto económico antes y después de expedir una nueva regulación, como por ejemplo la definición de tarifas.

Cuesta trabajo creerlo, pero el progreso institucional sí ocurre. El Estado colombiano cada vez hace mejor las cosas. La mejora regulatoria es un caso real de ello. Pero nada ha terminado. En hora buena el Gobierno actual continúa profundizando esta reforma, ya que siempre habrá espacio para mejorar.

Sebastián Trujillo
Economista de la U. de los Andes.
Máster en Administración Pública.

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