Desde su creación en 1974, el comité de supervisión bancaria de Basilea ha liderado la discusión a nivel internacional en materia de regulación bancaria. Con los diferentes acuerdos de Basilea, ahora en su tercera versión, la regulación bancaria de varios países se ha venido homogeneizando, evitando que los bancos que operan internacionalmente puedan arbitrar entre disímiles regulaciones locales en detrimento de la estabilidad y la justa competencia del sistema financiero internacional.
La elección de Trump en Estados Unidos puede cambiar esto. Durante su campaña, el ahora presidente prometió una completa revisión de la reforma de Dodd-Frank vigente desde el 2010 y que surgió como respuesta a la crisis del 2008.
Trump ha dejado claro que el objetivo de su administración es diseñar una regulación para los bancos estadounidenses, sin tener en cuenta problemas de coordinación con reguladores de otros países. A comienzos de este año, el congresista republicano Patrick McHenry, vicepresidente del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes, le dirigió una carta pública a Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, declarando inaceptable la participación de la Reserva Federal en el comité de supervisión bancaria de Basilea, en lo que McHenry opina es una violación a la política de primero América (America First), de Trump.
Algunos analistas opinan que la administración Trump quiere cambiar la regulación bancaria a favor de los grandes bancos americanos. Un ejemplo de esto es la designación de Gary Cohn, exnúmero dos de Goldman Sachs, como director del Consejo Económico Nacional y líder del comité para reformar Dodd-Frank, creado en febrero pasado, en una de las tantas ordenes ejecutivas de Trump.
El desempeño accionario de los bancos en Estados Unidos coincide con dicho análisis. Desde la elección de Trump en noviembre hasta finales de marzo de este año, el índice de bancos KBW, que recopila el valor de mercado de 24 bancos estadounidenses ponderados por capitalización, aumentó 21 por ciento, frente a un incremento de 8 por ciento para el mismo periodo en el índice S&P 500, que recoge el valor accionario de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Para el mismo periodo, las acciones de Bank of America, JP Morgan Chase y Goldman Sachs aumentaron 36, 25,5 y 25,6 por ciento, respectivamente.
Conocidos académicos insisten que Dodd-Frank y los acuerdos de Basilea II y III deben ser reformados para que los bancos mejoren la calidad de su capital, en particular aumenten el uso de las acciones como la principal fuente de financiación de sus activos riesgosos. Existen además serios argumentos en contra de los indicadores de solvencia actuales que usan los activos ponderados por riesgo para medir las necesidades de capital, en los cuales los riesgos usados por reguladores y bancos pueden no capturar de una manera adecuada los riesgos de mercado.
Los críticos de Dodd-Frank señalan que el sistema financiero en Estados Unidos está más concentrado de lo que estaba antes de la crisis. Estos son buenos argumentos para pensar en mejoras en la regulación bancaria actual. Pero estas deben hacerse de forma coordinada y en búsqueda de dos criterios básicos: mayor estabilidad y competencia del sistema. Hay dudas importantes de las intensiones y la capacidad de la administración de Trump para liderar un diálogo a nivel internacional en esta dirección.
Una reforma bancaria en Estados Unidos, que simplemente reduzca los estándares y requerimientos de capital de los bancos estadounidenses, podría conducir a una divergencia en la regulación internacional, un movimiento de placas tectónicas, que puede abrir la puerta a grandes arbitrajes y distorsiones a la competencia entre bancos internacionales y locales.
En nuestro país, la regulación financiera sigue en progreso de convergencia hacia los estándares internacionales. Es importante que este proceso continúe y que la Superfinanciera persista en su esfuerzo por mejorar los controles a los riesgos del sistema financiero. Un aspecto importante para la regulación local tiene que ver con la calidad del capital. Es importante que el regulador continúe velando por bajos niveles de apalancamiento del sistema y, eventualmente, excluya los bonos subordinados de las cuentas de patrimonio e induzca a los bancos a financiarse en mayor proporción con acciones, utilidades retenidas, o en segunda opción con bonos contingentes convertibles en acciones. Las calificadoras de riesgo han penalizado repetidamente a los bancos locales por tener en sus cuentas patrimoniales bonos subordinados que no califican como patrimonio de primera categoría a la luz de los acuerdos de Basilea.
Este proceso de convergencia hacia estándares internacionales es necesario dada la internacionalización de la banca colombiana y global. Desafortunadamente, puede verse interrumpido por una divergencia en los marcos regulatorios de las economías avanzadas, en particular de Estados Unidos y Europa, lo que, sin duda, significaría un alto costo para todos los usuarios del sistema financiero mundial.
José Ignacio López
Profesor de la Universidad de los Andes.
