Cuando se revisa la distribución geográfica del conflicto armado se puede comprobar que en los territorios de mayor concentración de acciones armadas se encontraban también procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como dinámicas de minería legal e ilegal.
Los actores armados irregulares debían financiar sus acciones violentas con la exacción de rentas ilegales a estas actividades. En los casos en que compañías legales desarrollaban actividades de extracción minera en territorios de control de grupos irregulares, las compañías debían pagar estas rentas extorsivas.
En algunos casos la proyección de costos de operación de las empresas incluía un rubro variable que se proyectaba para atender los costos de la presión armada de guerrillas, paramilitares o delincuencia común. La misma situación se presentaba en zonas de minería informal donde las comunidades y algunos inversionistas eran objeto de la presión de los armados para el pago de vacunas y extorsiones.
Ante el inminente desenlace de la guerra, mediante un acuerdo de paz que ponga fin a más de cincuenta años de guerra, las rentas extorsivas a las comunidades y a las empresas extractivas deberían cesar paulatinamente, y una vez se haya consolidado la estrategia de consolidación territorial del Estado, con seguridad desparecerán.
La consolidación del Estado en los territorios, la formalización de las actividades mineras de las comunidades y la reglamentación clara para el gran capital, deben eliminar la posibilidad de cobros ilegales agenciados desde la violencia de actores irregulares.
En este horizonte se espera una mayor rentabilidad para las empresas y una mayor participación de las comunidades en la ganancia generada por estas actividades que deberán atender no solo a los lineamientos del mercado sino a la conservación y garantía de la sostenibilidad social y ambiental.
Un aumento de la rentabilidad de las empresas no se traduce de manera inmediata en un proceso de redistribución de la riqueza, y aun con las políticas que pueda desplegar el Estado en el objetivo de generar equidad social, lo cierto es que en algunos casos son las mismas empresas las que se encargan de incluir a las comunidades en las ganancias y compensarlas por los efectos negativos que se produce por la explotación de recursos naturales.
Las compensaciones ambientales, los pasivos sociales y todas las dinámicas de responsabilidad social empresarial no pueden considerarse dádivas que se otorgan a las comunidades ni recursos transaccionales con los que las empresas garantizan la desactivación de la presión social para desarrollar la explotación en los territorios.
Tal vez haya que hacer la misma reflexión para las comunidades: la presión social sobre las empresas debe ser un ejercicio orientado a garantizar la equidad y la compensación y no un mero acto extorsivo que beneficia a los históricos acaparadores de la participación ciudadana.
Una reflexión importante en el posconflicto que se nos avecina, está orientada justamente a indagar esta relación entre las comunidades, las empresas explotación minera y de hidrocarburos, y el Estado en su papel de regulador efectivo de los conflictos sociales.
La disminución real de la violencia debería dar pie a que sea la institucionalidad estatal la que se encargue de potenciar los procesos sociales de concertación entre las empresas y las comunidades, mediante la creación de mecanismos y vehículos de identificación de proyectos prioritarios y estratégicos en las regiones que puedan se cofinanciados por los diferentes actores públicos y privados que convergen en el territorio.
Si la paz es un bien tan grande que es un despropósito ponerle dueño, no menos cierto es decir que la tarea de garantizar su sostenibilidad económica tampoco es una tarea de la cual deba dar cuenta de manera exclusiva el Estado. Una situación social de paz y convivencia en las regiones debe llevar a generar mecanismos creativos, pero institucionalizados, de gestión de la inversión y de compensación de los daños a las comunidades.
Un ejercicio en el que ni la atomización de las obras ni la mezquindad de la dádiva, sean las formas en la que se destinen los recursos. Una herramienta en la cual el protagonismo del Estado sea indiscutible como garante de la paz y la convivencia; en la que las comunidades pueden encontrar un espacio de participación real y en la que, finalmente, las empresas puedan ver que sus recursos se destinan de manera trasparente y efectiva en la solución de las problemáticas más sentidas de las comunidades que quieren beneficiar.
Esa herramienta se está desarrollando ya por el Estado son los Contratos Plan para la paz y el posconflicto, los Contratos Paz.
Santos Alonso Beltrán Beltrán
Gerente nacional de Contratos Plan del DNP
