Debería ser inaceptable dentro de una sociedad coexistir con el flagelo de la corrupción. En Colombia pareciera que esta práctica indefendible hace parte del listado de características de nuestra cultura y no porque todos seamos corruptos, sino porque quienes no lo somos simplemente constatamos que existe y somos indiferentes ante ella, un flagelo con el que de alguna forma hemos aprendido a convivir.
El daño que la corrupción le hace a nuestra sociedad y a los ciudadanos no sólo es inconmensurable sino deplorable y en algunos casos inhumano como lo hemos visto hace poco en el caso de la alimentación escolar.
Hace falta mucha educación en valores y en cívica, que se nos enseñe a pensar que todos hacemos parte de un mismo entramado social donde nos corresponde una gran responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda de la equidad y la
transparencia, componentes fundamentales del bien.
Se hace necesario mejorar la formación de quienes van a administrar las entidades públicas, propiciar una conciencia moral en quienes manejan los recursos del Estado -que son de todos y son sagrados- y buscar la eficacia y la efectividad de las inversiones oficiales en lo que es verdaderamente prioritario.
La lucha contra la ilegalidad en Colombia debe ser un propósito de todos los que aspiren a un liderazgo público o privado, de todos los que tengan influencia sobre alguna gestión institucional y de todos los que de alguna orilla se puedan ver inmersos en un soborno u otra práctica ilegítima que transgreda el interés público.
Podría decirse que la corrupción es el común denominador de muchos de los males que nos ha costado superar como nación incluido el del abuso del poder cuando se convierte en herramienta para conseguir ventajas personales y obtener privilegios. La falta de compromiso con el bienestar general de la comunidad es inmoral y sinvergüenza: no sólo genera incertidumbre en las reglas del juego e ineficiencia en la ejecución de algunas agendas de país sino que nos condena a postergar las metas de desarrollo económico con justicia social.
La crisis institucional que hoy afrontamos y la apatía que se siente por la política obedecen a la desconfianza que ésta genera en razón de los comportamientos de algunos cuyos resortes morales parecieran reventados según se evidencia
cada día a través de los medios de comunicación.
Se impone un llamado a la ética pública y privada, que son dos aristas de un único concepto : la ética cívica. A cada ciudadano, a cada líder empresarial y a cada autoridad
pública les corresponde el imperativo moral de contribuir a la construcción de una cultura ética de responsabilidad social y solidaridad.
Paula Botero
Consultora en Comunicaciones
Ricardo Chica
Investigador Desarrollo Economico
