En enero del año anterior cuando se alzaban a los cuatro vientos los llamados de alerta a raíz de los sucesivos asesinatos de líderes sociales y el ruido del estridente y vil atentado en la escuela de la policía en Bogotá que implicó el sacrificio de valiosas vidas, como crudos testimonios del arraigo de la violenta parca en nuestra tierra, algunos guardaban la esperanza de que el tiempo permitiera avanzar hacia un panorama más sosegado en la vida de los colombianos.
La triste realidad es que durante todo el año fue repetitivo el macabro exterminio gota a gota de quienes tenían como único pecado, pensar diferente, defender los derechos humanos, construir proyectos productivos, liderar o cuidar comunidades indígenas, incluso formar mediante sesiones lúdicas y culturales a niños que han estado al margen de las oportunidades.
En medio de la anhelada alegría que se esperaba estuviera presente en la generalidad de las casas durante las fiestas decembrinas, 23 seres se sumaron a la nefasta cuenta, para elevar a 250 el total de muertes ocurridas durante el 2019. En lo corrido del 2020, prácticamente la cantidad ha excedido el número de los días transcurridos.
Ya son 19 las reportadas por las noticias de los medios hasta la fecha de publicación de esta columna. Las explicaciones dadas como justificación se orientan a las represalias de grupos disidentes de las Farc y a la ubicación de los martirizados en el medio de los enfrentamientos por el control territorial entre ellas y los grupos dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico.
Se ha oído al Gobierno anunciar la protección, dentro de sus posibilidades, de algunos que se han visto en riesgo y el envío de fuerzas del orden a las zonas que han concentrado los hechos. Por su parte la Fiscalía habla de avances concretos en varios de los casos. Sin embargo, nada ha parado el desangre.
La percepción generalizada es que la criminalidad desbordó a las autoridades o que, en varios de los eventos, los autores contaron con la complicidad precisamente de ellas o simplemente algunos de sus delegados fueron los asesinos. Y mayor es la misma, cuando se encuentra que las manos que han disparado las armas segadoras han logrado ingresar hasta la vivienda de sus víctimas, incluso superando obstáculos como zonas con vigilancia oficial, o que la población ha evitado que uniformados traten de cubrir las huellas de sus crímenes.
La indiferencia generalizada y narcotizada que se vivió en las 2 primeras décadas del siglo XXI ante los aberrantes acontecimientos y resultados de la violencia vivida, fue alimentada con la falsa propaganda que ha sido desvirtuada con múltiples elementos probatorios conocidos por todos, como son las fosas comunes con cuerpos de quienes en la versión oficial fueron sacrificados en combate. Esta actitud no puede ser la característica del decenio que empezamos.
La arrogante actitud del general que presenta un derecho de petición a un amenazado, para que informe sobre los miembros de la sagrada institución de las fuerzas militares cómplices de los delincuentes es, a todas luces, reprochable. La tragedia debe ser asumida por todos. El Estado debe ejercer su papel sin evasivas ni distractores.
Empezando por quienes lo encarnan en las más altas dignidades. Vale recordar la frase del personaje que representa al Papa Francisco en la película “Los dos papas” cuando se rememoran los abusos de la dictadura argentina: “Cuando no hay responsables, todos somos responsables”.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la DIAN.
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