Las discusiones sobre el manejo de la política económica en Colombia han estado históricamente blindadas a la politiquería y el populismo. Esto debería continuar siendo así, porque en el manejo de la política económica es fundamental que las propuestas cuenten con una buena dosis de realidad y, sobre todo, de mucha responsabilidad. Sin embargo, con el país a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales, estamos viendo una proliferación de recetas quiméricas y antídotos falsos para los retos que hacen parte de la agenda económica nacional. Crear una sensación de zozobra con pronósticos sombríos, con el objetivo de capturar la atención en un proceso electoral en ciernes, puede dilatar, de manera irresponsable, el proceso de recuperación económica que el país necesita.
Los esfuerzos dedicados a la construcción de un andamiaje institucional sólido para la política económica son un activo de gran valor que todos tenemos el deber de proteger, ya que ha probado ser fundamental para sortear las dificultades de los últimos años. Sin duda alguna, el desplome del precio del petróleo es el choque más grande que ha sufrido la economía en décadas, al cual se han sumado una economía mundial en lento proceso de recuperación y la desaparición de Venezuela y Ecuador, antaño nuestros principales socios comerciales de la región, como fuente de demanda para los productos colombianos.
La respuesta del Gobierno ante la reducción en la renta petrolera fue la implementación de una política de austeridad inteligente, que se cimentó sobre la base de distribuir el peso del ajuste entre ingresos, un mayor déficit en total cumplimiento de la Regla Fiscal y un ajuste en los gastos. Sobre la supuesta falta de ajuste en el gasto se está haciendo proselitismo sin fundamentos, acusando al Gobierno de haber aumentado el gasto público de forma permanente, cuando la realidad es claramente otra. Entre el 2000 y el 2009, el gasto promedio del Gobierno Nacional, diferente al pago de intereses, fue 14,1 por ciento del PIB; en el 2009 incluso llegó a 16,4 por ciento del PIB. En el proyecto de presupuesto a consideración del Congreso para el próximo año, el gasto sin intereses, comparable con el de la década, anterior asciende a 14 por ciento del PIB, nivel que representa un ajuste muy fuerte y responsable en respuesta a la caída del precio del crudo.
Las medidas adoptadas por el Gobierno han sido difíciles y han implicado abrocharse el cinturón, pero constituyen la respuesta a factores ajenos a nuestro control. Tenemos, sin embargo, la seguridad de que las decisiones han sido necesarias para garantizar el bienestar general, el ajuste ordenado de la economía y mantener la confianza de los agentes.
La reforma tributaria es una de esas decisiones y así lo entendió el semestre pasado el Congreso de la República. Los ingresos no petroleros del Gobierno Nacional no llegaban a 13 por ciento del PIB en el 2010. Hoy, están en 15 por ciento, y deberán llegar a cerca de 15,5 por ciento al final de esta década. Estos niveles, que continúan siendo inferiores a los de varias economías de la región son, sin embargo, necesarios para que el Estado continúe cerrando las brechas que aún tiene un país en desarrollo como Colombia. Los aumentos de recaudo a futuro no provendrán de impuestos sobre el patrimonio a los que este Gobierno les da finalmente sepultura después de más de 15 años, sino, en buena medida, del uso de las herramientas para controlar la evasión que se lograron en la anterior reforma tributaria.
La cárcel a los evasores, figura que Colombia estaba en mora de acoger y que algunos llaman equivocadamente populismo punitivo, finalmente forma parte de nuestro andamiaje jurídico. Meter en cintura el control de las entidades sin ánimo de lucro e impulsar en la región del intercambio de información entre países, para acorralar a quienes quieren esconder sus capitales en paraísos fiscales, también son decisiones acertadas.
El trabajo que se hizo en la reforma de limitar las exenciones tributarias para nivelar la cancha en la que juegan las empresas, revirtiendo un largo proceso acumulativo y nocivo, que venía de tiempo atrás y permitía capturar rentas de forma injustificada, no debe llamarse pérdida de seguridad jurídica para congraciarse con los empresarios con motivo de su asamblea anual. Incluso, la Comisión de Estudio del Gasto Público y la Inversión, en sesión este año, propone ir más allá en la limitación de dichas exenciones, propósito con el que este gobierno se identifica.
Los esfuerzos de la política económica han estado enfocados en implementar mecanismos que permitan simultáneamente combatir la pobreza, potenciar el empleo de calidad, promover la competitividad del aparato productivo y garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Todo lo anterior se ha dado en un contexto de inquebrantable compromiso con la sostenibilidad fiscal del país, necesario para garantizar la estabilidad económica. El gran reto de este gobierno ha consistido en alcanzar los logros sociales y económicos planteados hace siete años, sin poner en riesgo la salud de las finanzas públicas, a pesar de los fuertes choques externos que impactaron de manera directa los ingresos del Gobierno y la actividad productiva en general.
De cara al futuro, es vital continuar con un manejo ortodoxo de las finanzas públicas. El valor de la responsabilidad en la dirección de la política fiscal se hace más evidente cuando las épocas adversas se materializan. No debemos dejar que el debate económico se politice, ni mucho menos caer en las trampas de las propuestas vacías, las salidas fáciles, los lugares comunes y los antídotos falsos.
Andrés Escobar
Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público.
Mauricio Reina
Investigador asociado de Fedesarrollo
