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Los trabajos precarios de la 'economía de los pequeños encargos'

Es hora de plantearse la generación de políticas de formalización y supervisión de las relaciones de trabajo intervenidas por la tecnología.

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noviembre 16 de 2018
2018-11-16 02:45 p.m.
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Cada vez es más común ver a grupos de jóvenes sentados en las aceras de calles concurridas o en las esquinas de parques, con su celular en mano para revisar si alguna aplicación móvil les indica dónde y a quién le deben realizar un servicio de domicilio.

Esta escena hace parte de la denominada “gig economy” o “economía de pequeños encargos”. Un fenómeno que surgió en la última década y que ha generado nuevas formas de trabajo tanto en Colombia como a nivel mundial.

Se trata de una tendencia basada en trabajos que giran en torno a un vínculo entre personas trabajadoras y plataformas en línea pertenecientes a empresas tecnológicas. A partir de esta relación laboral, nace la pregunta: ¿este tipo de trabajos realmente pueden considerarse como trabajo decente?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es decente el trabajo que se realiza “sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo” (OIT 2004).

Lo primero que vale la pena tener en cuenta es que la OIT ha identificado que las poblaciones laboralmente vulnerables como mujeres, jóvenes o trabajadores/as de bajos ingresos y poca cualificación son los que tienen la mayor propensión a realizar trabajos que no son decentes. Aplicaciones digitales como Rappi han aceptado que la mayoría de su fuerza de trabajo son jóvenes.

Otro aspecto que llama la atención es que las compañías detrás de estas aplicaciones no pueden garantizar una estabilidad de ingresos, lo que implica una incertidumbre laboral. ¿La razón? Estas empresas establecen la conexión entre los trabajadores/as y los clientes, lo cual les permite definir cómo, dónde y cuándo se presta el servicio. Entonces el pago a las personas trabajadoras depende exclusivamente de dicha conexión y la demanda aleatoria del servicio de domicilio y, por ende, ni los clientes ni la aplicación asumen los costos de un salario mínimo legal vigente. Aunque no se cuentan con estudios para el caso de Colombia, algunos países europeos han revelado que personas trabajadoras vinculadas a estas plataformas ganan menos que el salario mínimo.

Adicionalmente, este tipo de trabajos están asociados con el denominado "pago por uso", que significa que el o la trabajadora recibe el pago únicamente por el servicio prestado, sin contar funciones adicionales que se requieren para prestar el servicio. Según Janine Berg, economista vinculada a la OIT, estos trabajadores/as pasan aproximadamente 18 minutos identificando los requisitos de la solicitud del servicio, revisando la información del solicitante para confirmar su confiabilidad y entendiendo las instrucciones adicionales del cliente. Sin embargo, estos 18 minutos no son pagados ni por el cliente ni por la aplicación.

Entonces la disminución reciente de los ingresos de las personas trabajadoras de Rappi no puede ser explicado únicamente por la actualización de la aplicación, sino que hay que mirar el problema de fondo con este tipo de trabajos y su ausencia de una estabilidad de ingresos.

Hasta hace poco en Colombia se aplaudía la novedad de este tipo de emprendimientos tecnológicos, pero en las últimas semanas ya se han empezado a prender las alarmas frente a la calidad del trabajo que brindan. Los mismos trabajadores/as han protestado para que se creen unas condiciones laborales mínimas. En busca de soluciones, domiciliarios/as de la empresa Rappi crearon el primer sindicato de aplicaciones móviles en Colombia y América Latina.

El Gobierno también ha empezado a girar su mirada hacia este fenómeno. La Ministra de Trabajo, Alicia Arango, realizó un pronunciamiento frente a estas plataformas digitales y cómo le quedan debiendo a sus trabajadores/as en cuanto a seguridad social. Es cierto: las empresas de la economía de los pequeños encargos no garantizan los derechos de las personas trabajadoras como la cobertura de la seguridad social, la licencia de maternidad o las vacaciones pagadas, por mencionar algunos. Dada la naturaleza ocasional de esta modalidad laboral, estas compañías no aseguran ningún beneficio social a su fuerza de trabajo.

Pero el tema va más allá: es urgente velar para que no haya un retroceso en el trabajo decente y los derechos laborales que tanto se han luchado a lo largo de los años. Para realizar un seguimiento al impacto de este fenómeno para el mercado laboral colombiano, hay que hacerle frente a la alta volatilidad de información sobre estos trabajadores/as, pues existe un gran volumen de personas, que fácilmente ingresan y salen de la economía de los pequeños encargos.

También es hora de plantearse la generación de políticas de formalización y supervisión de las relaciones de trabajo intervenidas por la tecnología, de modo que esta tendencia no implique un detrimento del empleo decente y de las condiciones de vida digna en el país.

Diana Carolina Gutiérrez
Consultora de Cuso International

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