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Microempresas y su inclusión financiera

En esa tarea de inclusión financiera con sentido social, vemos la importancia de llegar a un mayor número de clientes.

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marzo 21 de 2019
2019-03-21 08:40 p.m.
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Muchos son los recientes casos de colombianos que por presiones desmedidas de los ‘gota a gota’, ‘pagadiarios’ o prestamistas informales, llegan a medidas extremas como el suicidio. Hechos que ponen a Colombia frente a un gran reto: promover la inclusión financiera en una sociedad cuyas bases poblacionales tienen una cultura muy arraigada de confianza en la informalidad y las bondades crédito formal.

Sin embargo, hay que reconocer que los microcréditos ofrecidos por bancos, compañías de financiamiento e instituciones microfinancieras –que son los llamados a llenar ese vacío que viene supliendo esa economía informal–, cada vez ocupan mayor espacio y cubrimiento, porque con ellos se llega a todos los municipios del país. Así, por ejemplo, el saldo de la cartera de microcrédito en Colombia cerró a diciembre del 2018 en 15 billones de pesos, mostrando un crecimiento anual del 3,5 por ciento, comparado con el año inmediatamente anterior, y la cifra de desembolsos microcrediticios alcanzó los 9,8 billones de pesos.

Se estima que para el 2019 este crecimiento será del 6 por ciento. En esa tarea de inclusión financiera con sentido social en la que estamos empeñados desde Asomicrofinanzas, vemos la importancia de llegar a un mayor número de clientes, sin desconocer que los costos de desplazamiento y acompañamiento para atender con microcrédito a los 3’200.000 colombianos, de los cuales solo 500.000 son formales, hace que el costo operativo sea mayor y, por ende, la tasa de interés no pueda ser igual a la de un crédito comercial, pero sí debe serlo con respecto al ‘gota a gota’, sumado a que en la formalidad los usuarios no recibirán las presiones desmedidas de las que son objeto con los ‘pagadiarios’, entre otras ventajas que trae el tener una historia crediticia.

Recientemente, también vimos otro caso que es reflejo de que en Colombia tenemos mucho por hacer por las clases menos favorecidas, tanto en las áreas urbanas como rurales, pues desconocemos sus realidades, sus problemáticas: se trata del famoso caso de las multas por comprar empanadas en la calle. El problema no es una empanada en Bogotá o en otra ciudad, es el hecho de que esas personas que inician como comerciantes informales, pueden pasar a la formalidad cuando acceden a un crédito también en la formalidad.

En nuestro país no se puede continuar legislando sin conocer la realidad y las necesidades de los microempresarios, personas naturales e independientes. Es cortarles las ‘alas’ a los emprendedores tomando medidas salidas del contexto nacional que impactan los hogares que quieren salir adelante de forma honesta, mucho más cuando solo en Bogotá, de acuerdo con un informe del Ministerio Público Distrital, el Registro Individual de Vendedores Informales (Rivi) del Instituto para la Economía Social (Ipes), a 9 de agosto del 2018, reporta 51.605 personas reconocidas por las alcaldías locales. El propio Ipes, en otra base de datos, incluye a 29.992 vendedores más, para un total de 81.597.

Así mismo, y pensando en nuestros campesinos, es fundamental la posibilidad que se abre con la creación del Fondo de Microfinanzas Rurales, el cual ya está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y permitirá que las entidades no vigiladas por la Superfinanciera tengan acceso a recursos de redescuento a través de Finagro, ya que estas son las que los están atendiendo.

María C. Hoyos Jaramillo
Presidenta Ejecutiva de Asomicrofinanzas

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