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Mayores impuestos vs. derechos de los ciudadanos

Señores congresistas: Aún es posible balancear las altas cargas con garantías para el respeto de los derechos de los contribuyentes.

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octubre 02 de 2022
2022-10-02 07:00 p. m.
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Si en algo coinciden tanto quienes eligieron al presidente Petro, como los derrotados en las urnas, es en la ausencia de sorpresas en el texto inicial del proyecto de reforma tributaria, por ser coherente con lo anunciado en la campaña. A pesar de esta realidad, desde el punto de vista técnico, solo reúne uno de los elementos para calificarlo como ‘reforma estructural’, pues esta exige decisiones adicionales a la de aumentar la recaudacion mediante el establecimiento de cargas impositivas con criterios de justicia vertical y horizontal.

Como es apenas natural, su trámite implicará definir un contenido diferente. Ya la ponencia para el primer debate, avalada por el Gobierno, recoge varios ajustes como consecuencia de las concesiones del ministro Ocampo. Entre ellas destaca la reprochable resurrección de ‘días sin iva’ para productos nacionales. Los padrinos de este perjudicial milagro y con mayor razón los del Pacto Histórico, deberían recordar los graves tropiezos presupuestales para los programas sociales, reflejados en la exposición de motivos:“… teniendo en cuenta su regresividad … el Proyecto … pretende derogar esta medida … para garantizar la correcta asignación de recursos … hacia los hogares con mayores necesidades …”.

De otra parte, en lo divulgado nada aparece sobre correctivos para hacer del régimen tributario uno más sencillo de conocer, entender y aplicar, ni para simplificar los múltiples deberes formales causantes de los altos costos de cumplimiento, tampoco para racionalizar ciertas sanciones injustas y desproporcionadas frente a las infracciones a castigar. Y mucho menos, sobre garantías a los investigados, para frenar abusos de algunos funcionarios durante el transcurso de las actuaciones de control.

La única noticia gubernamental es hacer más drásticos los delitos fiscales y eliminar la posibilidad del cierre del proceso penal cuando el contribuyente paga los valores a cargo liquidados por la Dian. A pesar de la gravedad de las conductas asociadas a la evasión dolosa, la segunda idea amerita ser revisada, dado el tremendo hacinamiento en las cárceles colombianas y los anunciados privilegios a las bandas criminales en la estrategia de ‘paz total’.

Claro que la evasión de manera indirecta conlleva la afectación de derechos sagrados de los colombianos. Pero vale una consideración: Si para quienes se han paseado por el código penal durante años al margen de fines políticos, se plantea, ente otras cosas, aliviar el cumplimiento de las penas y dejar en su poder parte de los bienes adquiridos en su historia delincuencial, parecería ilógico impedirle al responsable tributario gozar del referido beneficio, cuando ha reparado el daño ocasionado a la sociedad pagando los mayores impuestos y las sanciones aplicadas por la administración tributaria. Señores congresistas: Aún es posible balancear las altas cargas con garantías para el respeto de los derechos de los contribuyentes.

Gustavo Humberto Cote Peña
​Exdirector General de la Dian.
gcote@globbal.co

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