He estado compartiendo en congresos de gremios como Fenalco y Naturgas, así como en reuniones internas con otras asociaciones y empresas, mi visión sobre los retos de la regulación en Colombia de cara al nuevo gobierno, con base en análisis de mi libro ‘Inteligencia Regulatoria: algunas herramientas para diseñar y analizar regulación’, recientemente publicado por Legis.
En resumen, he planteado cuatro reflexiones. En primer lugar, que la regulación no es, necesariamente, un obstáculo para la recuperación económica pospandemia. Como he recordado varias veces, la regulación -diseñada de forma inteligente- nos permitió sacar adelante al sector energético nacional, que estaba en una terrible crisis en los años 80. Gracias al régimen regulatorio de las leyes 142 y 143 de 1994, crecieron significativamente la inversión privada, la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Ahora bien, y esta ha sido mi segunda reflexión, debemos reconocer que los marcos regulatorios de los años 90 ya se quedaron cortos. Los retos actuales son diferentes de los de hace tres décadas. La buena regulación tiene ahora requerimientos de diseño mucho más exigentes en términos sociales, ambientales e, incluso, geopolíticos (como seguramente lo tienen claro las autoridades alemanas en relación con el gas ruso).
Además, nuestros reguladores hoy se enfrentan a mayores niveles de incertidumbre. La covid-19 nos dio un fuerte cimbronazo, pero lo que se nos viene encima con el cambio climático es muchísimo más difícil de resolver. Y a esta situación debemos sumarle un sistema político debilitado por la polarización y el populismo (desde todas las orillas ideológicas).
En este contexto, es fácil entender el miedo que existe en algunos sectores en relación con el futuro de la regulación en Colombia y sus posibles efectos económicos y sociales.
Sin embargo, con miedo no vamos a resolver los problemas de nuestro país. Disiento de quienes piensan que el estado ideal que deberíamos buscar es el “congelamiento” de la regulación. Por el contrario, para tener estabilidad política, necesitamos que la regulación responda rápidamente a las demandas sociales. Y en esta línea van mis dos reflexiones finales. También hay buenas noticias. No sólo ha aumentado la complejidad de los problemas, sino también la calidad y diversidad de las herramientas para diseñar mejor regulación. Herramientas basadas, por ejemplo, en la aplicación de las etapas del pensamiento de diseño y la teoría cultural de riesgo al proceso regulatorio. Avances como la posibilidad de utilizar, en todos los sectores, instrumentos para promover la innovación como los sandbox regulatorios, recientemente aprobados mediante la ley 2069 de 2020.
Las posibilidades de generar nuevos productos y servicios con impacto social son mucho mayores que antes. Por un momento, imaginemos el inmenso progreso que podríamos generar con la ampliación del acceso a crédito de las pequeñas y medianas empresas de Bogotá -las grandes generadoras de empleo en la ciudad-, a través de políticas distritales que impulsen el desarrollo de soluciones tipo FinTech a la medida de las necesidades y capacidades de estos actores económicos.
Finalmente, como explicó Julien Etienne, la buena regulación es como el tango, se necesitan dos: sector público y sector privado. No es suficiente tener un par de profesionales revisando los costos a corto plazo para la empresa o el gremio. Para progresar en serio, necesitamos que la participación del sector privado sea muchísimo más activa en todas las etapas del proceso regulatorio: desde la identificación y caracterización de los problemas, incluyendo la generación y testeo de distintas soluciones, hasta el seguimiento durante la etapa de implementación. En síntesis, es urgente mejorar la calidad del diálogo regulatorio.
Julián López Murcia
PhD (Oxford)
Profesor U. de La Sabana.
