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Momento de la recuperación empresarial

Estos son algunos beneficios de los procesos de insolvencia.

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abril 06 de 2022
2022-04-06 09:00 p. m.
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Con el fin de mitigar la posible destrucción de empresas y de empleos, que tendría lugar, con ocasión de la pandemia, el mundo entero se dio a la tarea de innovar en el derecho concursal; y Colombia no fue la excepción. 

Desde inicios de 2020, el conjunto de normas orientadas a la protección y recuperación de la empresa en dificultades, y al mejor aprovechamiento de los activos productivos, experimentó una evolución sin precedentes, adelantando tal vez un par de décadas su desarrollo, rompiendo incluso algunos paradigmas, otrora intocables, y poniendo a disposición de empresarios y comerciantes, extraordinarios mecanismos para facilitar la conservación y recuperación de sus negocios. Sin embargo, la explosión de nuevas disposiciones legales, parece estar aumentando la percepción de complejidad de los procesos, lo cual constituye un mito que se debe desvirtuar.

A pesar de tratarse de una decisión responsable y positiva, que protege la empresa, el empleo y a los mismos acreedores, iniciar un proceso recuperatorio, conocido como de insolvencia, de reorganización o de recuperación empresarial, y a veces, mal llamado, ley de quiebras, es materia de fuerte resistencia en el empresariado colombiano, ocasionando la pérdida de unidades productivas viables y de empleos. Esta resistencia obedece principalmente a la escasa información especializada, con la que cuentan los empresarios, agravada por los mitos y tabúes que se han tejido en torno al tema, entre ellos, la percepción de que se trata de procedimientos demasiado complejos.

Los desarrollos en materia de protección a la empresa, solo rendirán frutos, si se cumplen dos condiciones: La primera, que las empresas pueden acceder a ellos, de manera ágil y eficaz. Es por esto que la Superintendencia de Sociedades también evolucionó, fortaleciendo significativamente su área de reorganización y su equipo de trabajo, implementando nuevas tecnologías, y en general, “reinventándose”, durante la pandemia, al igual que las empresas que pretendía proteger. Actualmente, el tiempo de estudio y admisión de una solicitud de reorganización, que antes de la pandemia podía tomarle a la entidad entre siete y ocho meses, fue reducido a semanas, y en algunos casos, a unos pocos días; el litigio en línea permite una fácil, liviana y oportuna gestión del proceso y facilita el acceso tanto para la empresa como para sus acreedores. La segunda condición, consiste en una necesaria difusión, para que los empresarios cuenten con información suficiente y de buena calidad sobre los procedimientos, y en esta no ha habido grandes avances.

En resumen, empresas y comerciantes cuentan, por una parte, con una Superintendencia de Sociedades fortalecida y a la altura de sus necesidades, y por la otra, con herramientas legales de vanguardia, innovadoras, extraordinarias y eficaces, de clase mundial, para asegurar su conservación y facilitar su recuperación. Con todo esto a su disposición, ninguna empresa viable debería perderse por una crisis temporal. Sin embargo, siguen teniendo miedos infundados, por falta de información. Algo similar a no vacunarse, por falta de información, teniendo las vacunas y la infraestructura disponibles.

Bastante se habló de las nuevas herramientas en materia de insolvencia durante el segundo trimestre de 2020, recién expedidas algunas normas. Sin embargo, se ha observado que a las empresas tardan alrededor de dos años en tomar la decisión de iniciar un trámite de insolvencia. Para muestra, el país registró un pico en el número de procesos de insolvencia durante el 2018, como resultado de la caída de la coyuntura observada a finales de 2015 y principios de 2016, cuando cayó el precio del petróleo y se disparó el del dólar; y de otro lado, a la fecha, aún no se ha visto un incremento esperado, por causa la pandemia. Es por esto, que es ahora, en el momento de la esperada recuperación económica, que deben darse a conocer los mecanismos de protección y recuperación empresarial.

Si bien, estos nuevos desarrollos, merecen análisis, explicaciones y estudios profundos, y serán tratados en múltiples tomos de literatura especializada, los mínimos beneficios y efectos prácticos, de los procedimientos recuperatorios, que debe conocer un empresario son los siguientes:

1. Protección de la empresa y de sus activos productivos: Una vez iniciado un proceso recuperatorio, no se pueden iniciar demandas de cobro o de ejecución en contra de la empresa; lo que protege su caja, sus cuentas bancarias, sus activos productivos y, en general, sus negocios.

2. Acceso más amplio y expedito: Se ha permitido el acceso a un proceso recuperatorio, para empresas que tradicionalmente se encontraban excluidas de esta posibilidad, como clínicas, EPS, entre otras. Salvo unas pocas excepciones, prácticamente todas las empresas pueden acceder a un proceso de recuperación. Por otra parte, la profundidad del estudio de la solicitud, previo a la admisión, fue reducida, mejorando considerablemente los tiempos de acceso a los procedimientos.

3. Levantamiento automático de medidas cautelares: Una vez la empresa es admitida a un proceso judicial de reorganización, por el solo hecho de ser admitida, se levantan los embargos sobre bienes no sujetos de registro; de tal forma que sus cuentas bancarias serán desembargadas y los dineros que le hayan retenido, le serán devueltos. Esto opera incluso, si se trata de embargos por impuestos.

4. Continuidad de los negocios, sin coadministración: Iniciado el proceso recuperatorio, la empresa seguirá trabajando, contratando, comprando y vendiendo; podrá seguir operando normalmente, incluso, participando en licitaciones públicas o privadas. No existe coadministración ni intervención en las decisiones de administración de la empresa; de tal forma que será ella misma, la que decide qué negocios hace y cómo administra los recursos.

5. Fortalecimiento del Flujo de Caja: La empresa podrá disponer de su capital de trabajo para adelantar actividades productivas, en lugar de atender deuda, ya que el gran pasivo será materia de la reorganización. 

6. Nuevos procedimientos: Mediante el Decreto 560 de 2020, se crearon dos procedimientos desjudicializados, livianos, y ágiles, mediante los cuales las empresas pueden negociar sus pasivos, con grandes ventajas, y dentro de un marco especial de protección. Uno de ellos, se puede adelantar ante la cámara de comercio. Adicionalmente, el Decreto 772 de 2020, creó un procedimiento abreviado, para pequeñas empresas.

7. Beneficios tributarios: Las empresas podrán acceder a rebajas de impuestos y de intereses fiscales. Por otra parte, tendrán derecho a que les reintegren trimestralmente las retenciones en la fuente practicadas.

8. Negociación global del pasivo: Además de poder reorganizar su pasivo en condiciones blandas, en la mayoría de los casos, con años de gracia y en algunos, sin intereses, se crearon figuras nuevas como la “descarga de pasivos”, que permite, en ciertos casos, salvar la empresa, eliminando la parte del pasivo que se considera sin vocación de pago.

Sumado a todo lo anterior, se introdujeron mecanismos extraordinarios para salvar empresas ante una inminente liquidación, estímulos a la financiación para las empresas en reorganización, la posibilidad de reorganización con uno o varios grupos de acreedores, y una serie de flexibilizaciones y facilidades. Es necesario que el gobierno dé a conocer estas posibilidades, y que los empresarios se asesoren y las estudien, sin prejuicios, para escoger el procedimiento que mejor se ajusta a sus necesidades, sepan cómo deben prepararse y determinen el momento adecuado para iniciar.

Fernando Bustos
Experto en procesos de insolvencia y recuperación empresarial
Director de Bustos y Cía. Consultores

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