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Odebrecht

Es necesario seguir fortaleciendo la cultura de competencia para que las empresas nacionales no participen ni sugieran conductas anticompetitivas.

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enero 19 de 2021
2021-01-19 07:30 p. m.
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El pasado diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) profirió su decisión de imponer multas por $295.000 millones en el caso “Ruta del Sol II”, que correspondía al capítulo colombiano de la trama internacional de corrupción orquestada por Odebrecht.

Este caso se inició con la denuncia y debates del entonces Senador Iván Duque en 2016, los hallazgos del acuerdo de culpabilidad suscrito por Odebrecht en Estados Unidos ese mismo año, y la imputación de cargos y delación de Gabriel García Morales en 2017.

Tras la apertura del caso en 2018, la SIC logró demostrar un sistema anticompetitivo y corrupto que buscaba identificar funcionarios clave en los Estados para lograr contratos a través de prácticas anticompetitivas como el pago de dineros, la eliminación de competidores, y la confección de los pliegos y condiciones para garantizar el máximo beneficio posible, afectando al erario y los contribuyentes.

La autoridad de competencia actuó eficientemente a pesar de las maniobras dilatorias de Odebrecht, pues gracias a las denuncias, la delación y la cooperación interadministrativa, se logró develar la corrupta estratagema de Odebrecht en once países, el cual se replicaba en Colombia a través de las acciones de su “departamento de operaciones estructuradas”.

La SIC encontró la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre Odebrecht y sus socios, a través del cual, en una primera fase, idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del contrato de concesión en favor de la concesionaria y, en una segunda fase, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares –que se hizo través de la instrumentalización de diferentes contratos–, les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto.

Más allá del monto de la sanción, este caso sirve para reafirmar varios temas de importancia: la necesidad de seguir trabajando en temas de prevención y compliance, de esta forma muchos de los involucrados hubiesen entendido el riesgo y hubieran seguramente evitado las conductas; la importancia del programa de beneficios por colaboración, pues afortunadamente hubo delación, lo que contribuyó a construir el caso; y, la necesidad de seguir invirtiendo en recursos técnicos y humanos, pues un caso de tan alta complejidad se logró decidir en algo más de dos años, lo que prueba el costo beneficio de la entidad.

Este sistema de dos fases es aterrador por lo lesivo, esperemos que una vez resueltos los recursos y efectuado el trasladado del expediente a las demás autoridades, se pueda esclarecer si hay mas responsabilidades por las conductas ilícitas en este entramado de corrupción que permeó a varios estamentos.

Es necesario seguir fortaleciendo la cultura de competencia en Colombia para que las empresas nacionales no participen ni sugieran conductas anticompetitivas, que se denuncie a las empresas extranjeras que fomenten estas conductas, y así entre todos como lo hizo el Senador, la Fiscalía y la justicia estadounidense garanticemos los derechos económicos.

Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio.
andresbarretog@gmail.com

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