El presidente Iván Duque prometió, en campaña, aumentar el gasto en salud para hacerle frente a los retos del sistema: envejecimiento poblacional, mayor prevalencia de enfermedades crónicas y persistentes déficits financieros que agravan una deuda acumulada de $8 billones.
El 6,2% del PIB para gasto en salud de Colombia no es suficiente para satisfacer estas demandas. El promedio para los países de la Ocde es 9% del PIB. Esta carencia de recursos se agrava aún más por la introducción en el 2015 de un mandato legal que garantiza el derecho fundamental a la salud para todos los ciudadanos, lo que implica que 50 millones de colombianos tienen derecho a casi cualquier tratamiento. Como resultado, los pacientes, a menudo, aseguran su acceso a través de la litigación y no por los mecanismos establecidos en el sistema de salud.
“Colombia tiene el sector de salud más judicializado del mundo”, advierte Jaime Arias, presidente Acemi. “Hay presión de las cortes para brindarle atención de punta a todos los ciudadanos, y el campo de la jurisprudencia sanitaria ha crecido rápidamente”. Esto ha contribuido a agudizar la crisis financiera del sistema. Otro problema es la errada suposición en la que se basaron las reformas de los años 90, de que el 80% de los colombianos cotizaría mensualmente al sistema a partir de sus salarios de empleados formales. Pero más de la mitad está en el sector informal, por lo que los ingresos provenientes de las primas de seguros no son suficientes.
Esta combinación de insuficiencia de ingresos y una demanda creciente hacen que el sistema de salud sea cada vez más insostenible. Sin embargo, en un escenario en el que el acceso a la salud es muy sensible políticamente, es inconcebible reformar el derecho legal de los colombianos a un tratamiento. La gran economía informal también limita el potencial de aumentar los impuestos para resolver el problema. Para escapar de esto, el gobierno debería analizar las distintas maneras en las que el sector de salud podría contribuir al crecimiento económico. Un reporte de la consultora IQVIA indica que el gobierno no debería ver a la atención médica como un costo que debe controlarse, sino como un sector estratégico que puede favorecer el desarrollo. Una economía fuerte brinda más recursos para aumentar la cobertura sanitaria, de tal forma que una relación complementaria entre salud y crecimiento económico puede ser beneficiosa para los colombianos.
Con ese norte, se puede hacer más para promover la investigación y el desarrollo médicos. Un ejemplo es la provisión de ensayos clínicos para la fabricación de medicamentos. Hungría logró aumentar su PIB en 0,2% en el 2010 a través de la participación en ensayos clínicos internacionales, lo que generó ingresos adicionales para el sector salud. El recorte del impuesto de renta corporativo podría incentivar una mayor inversión en industrias intensivas en conocimiento, siguiendo esquemas similares a los implementados en Europa. Se debe promover que más extranjeros con capacidad de pago reciban tratamientos médicos en Colombia. Además, intensificar los esfuerzos por comercializar la investigación relacionada a la salud que están llevando a cabo instituciones del sector público y universidades. También es prometedora la modernización de la salud a través de la inversión privada en infraestructura. Todas estas reformas tienen un bajo costo político, pero potenciarían el crecimiento económico del país y brindarían más recursos a un sistema de salud que hace agua.
Philip Stevens
Director de Geneva Network, Reino Unido
