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Análisis

Política energética, en el centro de la reactivación del país

Es imperativo que la política energética se piense como política de Estado, que le sirva a los colombianos.

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agosto 06 de 2020
2020-08-06 07:43 p.m.
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De acuerdo con la Cepal, la caída del PIB de América Latina sería de un – 9.1% en el 2020 como consecuencia de la crisis generada por el covid-19. Dice el organismo que esta será la “peor crisis en 100 años”, es decir, una situación que quienes estamos vivos no habíamos experimentado. Si bien la proyección para Colombia se encuentra en un punto medio, - 5,6%, no es menos preocupante, e incluso algunos prevén una situación aún más dramática.

El 7 de agosto el presidente Iván Duque llega a la mitad de su mandato en medio de esta situación. En lo que resta de su Gobierno, no solamente deberá hacer frente a la crisis sanitaria y económica presente, sino que deberá sentar las bases del plan para salir de la crisis económica y social a futuro. Una contracción económica no es una simple proyección en papel, esta significa un impacto profundo para la sociedad, para las personas, representa el cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, retroceso en la superación de la pobreza; por eso, no solamente el primer mandatario, sino la clase dirigente del país tienen una obligación moral en esta coyuntura, que pasa por superar las ambiciones individuales.

Pensar entonces en apostarle a sectores que puedan generar los ingresos que el país necesita es lo responsable, en especial si estos han sido aliados por años de la generación de recursos fiscales para la Nación y de las regiones. Uno de estos sectores es el extractivo, la industria del petróleo y gas, y la minera, que han sido clave para el desarrollo nacional. Convertir a estas industrias en aliadas de la reactivación económica y social, y seguirlas impulsando, es uno de los pilares que, en buena hora, algunos tienen claro en el Gobierno.

Esto, por supuesto, no debe entenderse como un dilema frente a la transición energética. Al contrario, a diferencia de lo que señalan los opositores de que el sector de hidrocarburos es incompatible con el desarrollo sostenible o con la transición a fuentes de generación de energía más limpias, este sector es un aliado. Es más, no solo el petróleo sino el gas, son y están llamados a ser parte fundamental en una transición inteligente. Más aún siendo este último un combustible limpio, competitivo, y clave en el respaldo de la generación eléctrica.

En consecuencia, e indiscutiblemente, la política energética de Colombia debe estar en el centro de la recuperación económica y social del país, y es por esto por lo que esta debe trascender la ideología y la politiquería, para convertirse en una política de Estado. Si se restringe a un periodo y a la volatilidad política, afectará la estabilidad en las reglas de juego, fundamental en sectores que requieren apuestas de largo plazo. Y se prestará, además, para posiciones oportunistas, demagógicas. Una política de Estado respondería a una visión país.

Ahora bien, una política energética estructurada, que parta de la realidad de nuestro país, de los recursos con que cuenta y la oportunidad de desarrollarlos con responsabilidad, no es solamente importante para la generación de recursos económicos, sino que es un asunto de seguridad energética nacional: la capacidad de que el país produzca la energía que requiere para funcionar, sin depender de otros países y, además, aprovechar estos recursos para generar riqueza y desarrollo. Más en momentos económicos y sociales tan complejos.

Esto nos lleva a un punto trascendental en la actual coyuntura y es la necesidad de avanzar en distintos frentes. Continuar desarrollando los campos descubiertos, apostarle a nuevas cuencas, en tierra firme y costa afuera, y al desarrollo de los yacimientos no convencionales.

Los Proyectos Piloto Integrales de Investigación – PPII, para el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos son, entre otras apuestas, de suma importancia. No solo por el potencial que existe alrededor de los yacimientos no convencionales (en especial frente al abastecimiento de gas natural), sino por la discusión política, ambiental y social que trasciende el desarrollo de estos proyectos, y cuestiona al sector de hidrocarburos en general. Estos permitirán, desde una perspectiva científica, demostrar la viabilidad ambiental de esta técnica en el país, en un marco que permita la generación de confianza y restituir la legitimidad del sector en las regiones donde se van a ejecutar estos proyectos.

El llamado frente a los PPII es permitir que la ciencia responda a las dudas que puedan existir frente a la viabilidad de esta técnica en Colombia. No se entiende que quienes reclaman certeza científica, se opongan a las recomendaciones de una Comisión Independiente de Expertos de adelantar unos acotados proyectos de investigación, para obtener la información requerida para la toma de decisiones. Ahora más que nunca, se requiere analizar con datos ciertos esta opción, que bien puede contribuir a contar con recursos importantes para el desarrollo económico de las regiones, la reactivación económica del país, la transición energética, todo esto con los más altos estándares sociales y ambientales.

Es imperativo entonces, que la política energética se piense como política de Estado, que le sirva a los colombianos, aún más cuando la economía necesita un impulso para superar la difícil coyuntura en la que la sumió la pandemia. Nuestros líderes deben estar a la altura de la discusión, del momento histórico. Es una oportunidad para avanzar y generar un cambio. Démosle a la ciencia el lugar que se merece y seamos visionarios, pensemos en grande, no sea que cumplamos el precepto del poeta Julio Flórez, quien dijo: “todo nos llega tarde”.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP

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