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¿Por qué se movilizan los estudiantes?

El Gobierno se ve abocado a pensar en una nueva iniciativa para repensar y fortalecer la educación superior pública. 

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noviembre 20 de 2018
2018-11-20 08:52 p.m.
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La sociedad colombiana debería asimilar las marchas estudiantiles, injustamente manchadas por acciones de desadaptados, como un valioso ejercicio de concientización social sobre el estado de la educación superior pública. Entendamos los números detrás de las dos iniciativas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y la causa de las movilizaciones. La primera es la Generación E, un programa de financiación a la educación superior por subsidios a la demanda. 

Entre sus tres componentes se destaca ‘Equidad’, que otorgará 80.000 becas anuales a estudiantes de bajos recursos en las regiones. Aunque tiene un claro enfoque hacia la educación pública, en realidad, al reconocer el valor subsidiado de la matrícula y no el costo del cupo, representa más una sustitución de la fuente de ingreso desde los hogares al Gobierno.

El segundo ingrediente, ‘Excelencia’, correspondería a la versión edulcorada de ‘Ser Pilo Paga’, de menor dimensión (4.000 vs. 10.000 becas anuales), pero con la ventaja de tener cortes regionales en el Saber 11 para la selección de sus beneficiarios, y un importante, aunque aún difuso, componente de copago por las universidades privadas. Estas dos dimensiones se complementan con Equipo, un componente más marginal para bienestar estudiantil.

Viendo que los subsidios a la demanda no calmaron la movilización estudiantil, el Gobierno convocó a los rectores de universidades públicas –sin estudiantes ni profesores– y llegó con ellos a un acuerdo de cuatro puntos que busca aliviar las presiones fiscales, al menos en el corto plazo: indexar las transferencias para funcionamiento con un crecimiento real de 4 puntos (3 en el 2019); asignar un presupuesto anual de inversión de $300.000 millones ($1,2 billones en total); dirigir el impuesto a las cooperativas para el fortalecimiento del sector (Ley 1819 de 2016) y destinar $1 billón de regalías en el 2019 y el 2020 para inversión en infraestructura.

Acá, el problema en funcionamiento es claro: los mecanismos de financiación de la Ley 30 han quedado obsoletos, generando una brecha entre el crecimiento anual del gasto y el de las transferencias recibidas del Estado (9,7% vs. 3,7% entre el 2010 y el 2017). Aunque es bienvenida la indexación propuesta, la profesora Edna Bonilla demuestra que los $1,2 billones que generaría en el cuatrienio reducen, pero no cierran el déficit acumulado en financiamiento, de $3,2 billones. Ahora bien, el déficit de inversión hay que verlo con cuidado, dado que las cuentas alegres de los estudiantes, de una deuda histórica de $15 billones, son infundadas: el SUE en realidad estimó un déficit aspiracional, en el cual más de la mitad del déficit corresponde a incrementar de 1,9 a 4,7 millones de metros cuadrados el área de las universidades. No es una cifra real, y es absolutamente necesario sincerarla.

Pero más allá de aspectos puntuales, la propuesta del Gobierno sí resuelve, al menos parcialmente, las necesidades financieras del sistema. ¿Por qué, entonces, siguen marchando los estudiantes? El gran error del Gobierno fue subestimar la importancia de darle voz al estudiantado en la toma de decisiones. Si el anuncio de Generación E y los cuatro puntos se hubiera hecho ante una mesa tripartita, con profesores y estudiantes, otra sería la historia. Ahora el Gobierno se ve abocado a pensar en una nueva iniciativa para repensar y fortalecer la educación superior pública, algo que en realidad debe ser para una prioridad.

David Forero
Investigador de Fedesarrollo
dforero@fedesarrollo.org.co

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