La actividad económica nacional muestra una tendencia decreciente en los últimos siete años, como lo indican las cifras de crecimiento del PIB certificadas por el Dane (2011, 6,6; 2012, 4,0; 2013, 4,9; 2014, 4,4; 2015, 3,1; 2016, 2,0 y 2017, 1,8).
Este artículo no explica este comportamiento, pero explora tentativamente lo que puede hacerse a futuro para recuperar una senda de crecimiento deseable. De seguir por la misma vía, Colombia seguirá aplazando indefinidamente la lucha contra la pobreza (la población nacional crece 1,3 por ciento anual), y será imposible modernizarnos y mejorar sustancialmente el bienestar social.
Con base en análisis de series de tiempo para el periodo 1951-2014 se propuso que el crecimiento económico nacional de largo plazo ha sido determinado por seis factores decisivos: acumulación de capital fijo y capital humano, diversificación productiva de las materias primas manufactureras, expansión de la capacidad de compra de la población, insuficiencia o ineficiencia del sistema de transporte nacional, violencia, e ineficiencia o carestía de los servicios del Gobierno y el sector financiero (Ortiz y Jiménez, 2016, 2017). Los primeros tres son motores del crecimiento y los últimos, lastres.
Estos hallazgos son consistentes con la hipótesis ‘smithiana’ de que la diversificación productiva y la expansión de la capacidad de compra de la población se refuerzan mutuamente, dando origen así a un círculo virtuoso de crecimiento económico. Y también son ‘smithianos’ los planteamientos de que la infraestructura debe ser adecuadamente provista, que los derechos de propiedad son esenciales para el desarrollo (empezando el de la vida), que el gobierno debe funcionar correctamente y que la banca no debe quedarse con la porción del león en el financiamiento del gasto y de la acumulación.
Todos estos determinantes del crecimiento económico interpelan ineludiblemente al Gobierno como proveedor o garante de la provisión de bienes públicos deseables. Proponemos que el Gobierno haga énfasis en los siguientes: 1) políticas económicas para promover la acumulación privada y pública; 2) fomentar de la educación y la ciencia y la tecnología; 3) política industrial para la diversificación productiva, que le otorgue prioridad a los proyectos intensivos en ciencia y tecnología; 4) preservación de la capacidad de compra de la población (políticas económicas progresivas); 5) redistribución del ingreso para garantizar los consumos básicos de la población (como la actual política de vivienda); 6) redistribución de la riqueza subutilizada para potenciar la generación del producto y el ingreso nacional (la tan aplazada y combatida reforma agraria); 7) actualización de la infraestructura de transporte que se oriente a recuperar la largamente perdida intermodalidad (se debe recuperar el transporte ferroviario); 8) disminución de la violencia y mejoría de la convivencia; 9) mejor regulación de sector estatal, empezando por la erradicación de la corrupción (las elecciones no deben ser decididas por los pudientes), mayor transparencia, y meritocracia, y 10) más competencia en el sector financiero (este fija a su amaño las tasas de interés y los cobros sobre las transacciones financieras.
Algunas puntadas adicionales: la promoción de la inversión en capital fijo no ha sido descuidada desde la ‘confianza inversionista’ (los dolientes financian y exigen). Tampoco basta con sustituir la educación pública por la costosa educación privada de calidad (a propósito del programa Ser Pilo Paga); la inclusión social exige educación pública de calidad en todos los niveles y regiones, financiada desde la oferta. También debe haber financiación público-privada para promover la ciencia y la tecnología nacional (Colciencias).
La reforma tributaria del 2017 mantuvo la tendencia a aumentar el peso de los recaudos indirectos (IVA y combustibles) y disminuyó el impuesto sobre la renta de las grandes empresas; además amplió la base tributaria hacia abajo a través de la fijación de una menor renta de inclusión tributaria; esa política empeoró la distribución del ingreso en contra de los trabajadores, y afectó la capacidad de compra de la población (un determinante decisivo de la escasa dinámica económica de 2017). Lo peor que le podría pasar a Colombia, desde el punto de vista de la dinámica económica, es que vuelva a ser seducida por los cantos de sirena del extractivismo como ‘motor del crecimiento’ (los auges de precios de las commodities generan espejismos peligrosos); se requiere una política industrial con una visión de Estado empresarial.
La modernización infraestructural se puede ver comprometida si se siguen cayendo los edificios y los puentes: ello indica la importancia de la lucha contra la corrupción y la ineficiencia pública y privada.
Por último, el combate del narcotráfico centrado en la oferta seguirá generando violencia y corrupción; en este campo, Colombia está sobredeterminada por el mercado mundial y las equivocadas políticas de las superpotencias. U gobierno sensato debe promover un acuerdo internacional que legalice y regule este mercado.
A pesar de todos los obstáculos e intereses adversos, la disminución de la violencia que ha generado el Acuerdo de Paz debe empezar a dar sus frutos, en términos de mayor inversión, inclusión social, desarrollo infraestructural y crecimiento económico.
Carlos Humberto Ortiz
Miembro de la Asociación de Exalumnos, London School of Economics, Colombia.
