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Promover el diálogo minero

El país reclama un diálogo claro sobre la actividad minera, reconociendo que no todas las regiones potencialmente productoras son iguales. 

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septiembre 05 de 2018
2018-09-05 08:59 p.m.
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La ausencia de una clara política minera, con desarrollos normativos y procedimentales apropiados y con una lectura estratégica de las potenciales explotaciones, frente a realidades económicas y sociales territoriales, ha traído consecuencias no deseadas en los mecanismos institucionales de ordenación del territorio, en la articulación de actores y en las reglas de juego frente al desarrollo de tal actividad. Los efectos: grandes proyectos de producción de minerales sin credibilidad social y política, poblaciones que no se sienten partícipes de las decisiones sobre el uso de los recursos naturales en sus asentamientos, deterioro ambiental criminal fruto de las indecisiones frente a los proyectos formales y gobiernos locales enfrentados a decisiones nacionales o entre sí.

El país reclama un diálogo claro sobre la actividad minera, reconociendo que no todas las regiones potencialmente productoras son iguales, con discusiones centradas en los actores involucrados directamente, con planes apropiados a las expectativas territoriales y lejos de discursos totalmente fatalistas u optimistas. Un diálogo que tenga como norte superior el desarrollo sostenible y la equidad. Tres iniciativas nos parecen bien importantes en esta perspectiva.

La primera, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, más conocido como el Gdiam, como escenario de participación multisectorial donde confluyen líderes empresariales, sociales, académicos, indígenas y ambientales, convocados por la pregunta de cómo generar una visión compartida frente a la actividad minera que el país demanda. La pregunta es abordada desde tres principios: inclusión, resiliencia y competitividad. Dos años lleva ya esta iniciativa, con resultados importantes en perspectivas concertadas que reconoce principios de participación ciudadana y de comunidades étnicas, y de generación de riqueza y distribución, siempre con respeto de estándares internacionales y compromisos ambientales.

Complementariamente, se encuentra la reciente alianza de las universidades EIA, Eafit, Nacional (Sede Medellín), de Antioquia, y Proantioquia, centrada en la investigación y las recomendaciones sobre la gobernanza de los recursos naturales, su planeación y la participación ciudadana y comunitaria como elementos trasversales en clave de desarrollo sostenible. Igualmente, en trabajar por sistemas confiables de información y análisis, sobre lo que realmente impacta o transforma dicha actividad en territorios específicos.

El tercer elemento son las dinámicas que ya han iniciado algunos municipios y que hay que estimular: contar con buenos EOT (Esquemas de Ordenamiento Territorial) como herramientas determinantes de planeación territorial, que contextualizan científica y participativamente las apuestas de los territorios, que fijan con conocimiento los usos de los suelos, las restricciones ambientales; que delimitan las fronteras agrícolas e industriales y la expansión urbana y rural, entre otras actividades. Los EOT modernos contienen, además, los análisis de riesgos y vulnerabilidades naturales y la correcta gestión de los mismos. Estos esquemas y planes harían más expeditos los diálogos, pues fijan marcos de desarrollo local con visión prospectiva.

El papel de las universidades, de la sociedad civil organizada, de los centros de pensamiento y del conocimiento local, es determinante en función del desarrollo sostenible. Estos actores deben expresarse en diálogos amplios, sin prevenciones, pero sí con el mayor conocimiento de las características de las actividades a emprender y de las oportunidades y limitaciones naturales y culturales de los territorios.

Rafael Aubad L.
Presidente Proantioquia
raubad@proantioquia.org.co

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