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Análisis

Qué tan reina es la ‘prueba reina’ de la Fiscalía en el caso Reficar

De haberse parado el proyecto, ese sí habría sido un detrimento, y la Fiscalía quizás habría abierto una investigación para encontrar al culpable.

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noviembre 12 de 2018
2018-11-12 05:00 p.m.
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Después de más de cuatro años de infructuosas búsquedas, la Fiscalía declara tener una ‘prueba reina’ contra los responsables de las pérdidas de Reficar –“uno de los mayores escándalos de corrupción del país”–, según la revista Semana del 4 de noviembre pasado.

Javier Gutiérrez, entonces presidente de Ecopetrol, ha sido acusado de haber ocultado información a su junta directiva, causando como resultado pérdidas por dos billones de pesos.

¿Tiene razón la Fiscalía? La “información que se ocultó” fue un rubro sobre el valor presente neto (VPN) desde el inicio del proyecto, el cual formaba parte de una diapositiva sobre la tasa interna de retorno (TIR) que los técnicos de Reficar le habían preparado a su junta directiva para que esta, a su vez, la enviara a la junta directiva de Ecopetrol, quien como dueño del proyecto, debería decidir si se continuaba con la construcción de la refinería (iniciada tres años antes), a pesar de los mayores costos que se estimaban para completarla.

La diapositiva en cuestión (incluida en el artículo de Semana) mostraba la TIR del proyecto para diferentes escenarios de costos totales incurridos y por incurrir para concluir el proyecto, y resaltaba como TIR más probable el 8,4 por ciento, que, si bien menor que el estimado inicialmente, se consideraba aceptable. En otras filas de la diapositiva, se mostraba también el VPN del proyecto, calculado con la tasa de descuento de referencia para Ecopetrol, del 12,2 por ciento.

Por definición, el VPN calculado con la TIR era cero (puesto que así se calcula la TIR), mientras que el calculado con la tasa de referencia era negativo, ya que dicha tasa era mayor que la TIR.

Según lo describe Semana, Pedro Rosales y Javier Gutiérrez, respondiendo a la objeción de la Vicepresidenta Financiera de Reficar, consideraron que no era necesario incorporar el VNP negativo en la presentación, pues con mostrar la TIR era suficiente. Y lo era, por definición.

Quizás la preocupación de la Fiscalía es que los costos previsibles del proyecto en ese momento ya eran más altos de lo calculado a su inicio (lo cual, no era una novedad para nadie).

¿Debía, por consiguiente cancelarse el proyecto? No necesariamente, pues, como cualquier financista o economista bien conoce, lo relevante para saber si un proyecto debe seguir adelante no es en cuántos costos se han incurrido, sino cómo se recupera más dinero, cancelando o continuando el proyecto. El VPN del proyecto desde su inicio –la información que ‘se ocultó’– es totalmente irrelevante para tomar esa decisión.

El dinero que se recupera cancelando un proyecto es el VPN en el momento de tomar la decisión, es decir, la diferencia entre los ingresos por la venta de los activos del proyecto menos los costos que es preciso incurrir por su cancelación, tales como indemnizaciones y multas por incumplimiento de contratos, todos descontados a la tasa de descuento de referencia. Por su parte, el dinero que se recupera continuando el proyecto es el VPN de los ingresos futuros menos los costos aún no incurridos, igualmente descontados.

Por consiguiente, un VPN negativo del proyecto incluyendo costos históricos solo puede ser un indicador relevante si la inversión ejecutada al momento de tomar la decisión de continuar es mínima comparada con la inversión total.

Por lo que se conoce por análisis posteriores sobre el proyecto que nos ocupa, en donde ya se había incurrido en más de la mitad de los costos de inversión, la decisión de continuar el proyecto resultaría en un beneficio neto para la economía en lugar de una pérdida, a pesar de que el VPN del proyecto total fuera negativo.

De haberse tomado la decisión de parar el proyecto ese sí habría sido un detrimento a la economía de la empresa, y la Fiscalía quizás habría abierto una investigación para encontrar al culpable de haber parado un proyecto que, aunque no había salido como se esperaba, habría podido recuperarse al menos parcialmente. Y habría puesto cargos a Javier Gutiérrez por semejante decisión.

La Fiscalía no ha demostrado, por lo tanto, que la recomendación de eliminar el VPN de la ya famosa diapositiva hubiera resultado en una decisión equivocada, mucho menos en una pérdida económica como se pretende.

La ‘prueba reina’ no prueba nada. Si este error, que puede atribuirse a que la Fiscalía no ha contado con asesoría financiera competente, no se corrige, puede tener consecuencias muy graves, no solo para las personas equivocadamente acusadas, sino para la credibilidad misma de la institución.

Si no existe seguridad de que los fiscales entienden los elementos financieros básicos para tomar sus decisiones, cabe preguntarse cuántos profesionales idóneos y honestos estarán dispuestos en el futuro a tomar cargos de responsabilidad en empresas estatales. Y, por consiguiente, ¿quiénes quedarán a cargo?

Jaime Millán Ángel
Ph. D
Exjefe de la Sección de Economía de la División de Energía del BID.

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