“En el acuerdo con las Farc hay un punto, el 3.4.13, que permite al Gobierno Nacional presentar un proyecto para un proceso de entrega o de sometimiento por parte de grupos delicuenciales (...). Estamos absolutamente seguros que si hoy hay una voluntad por parte de los cabecillas de las diferentes bandas de someterse o de acogerse a un proceso, eso va a ser muy benéfico para la ciudad. Y en esa misma línea está Barranquilla, Cartagena, Cali (…). Y eso sí que garantiza, le estoy hablando que pueden ser más de 10.000; ese proceso urbano puede ser más importante que lo que se está haciendo con las Farc en este momento y más benéfico para el país (…)”. Lo anterior son apartes de la intervención de Gustavo Villegas, como secretario de Seguridad, el 24 de marzo en la Mesa de Trabajo de Medellín Cómo Vamos.
Esta intervención expresa elementos muy presentes en la historia de la política de seguridad en la urbe: enfrentamiento al crimen organizado y búsqueda, al mismo tiempo, de fórmulas para su sometimiento. El Secretario de Seguridad fue detenido tres meses después por colaboración con los criminales –según la Fiscalía–.
El 11 de julio, El Colombiano publicó: “La Oficina le ofreció a la Fiscalía pacificar barrios”, según reuniones en donde Alexandra Vélez Rincón, coordinadora en Medellín de la Unidad de Delitos contra la Vida, relató “los avances del proceso negocial adelantado con integrantes de la estructura delincuencial ‘La Oficina’. Publicación que hasta ahora, la Fiscalía no ha desmentido.
Nadie ignora que Medellín ha sido la ciudad más afectada y, a la vez, la que más ha hecho para enfrentar los efectos negativos del narcotráfico y de la negociación de Ralito. No olvidemos que todas las estructuras de apoyo de estos grupos se asentaron aquí. Los gobiernos municipales han tenido grandes preocupaciones y les ha tocado actuar directamente, en un contexto de grandes riesgos institucionales. ¿Por qué? La pregunta es clave.
¿Hay intereses, celos e ingenuidad para entender que sin mandatos compartidos, armonía y total confianza de la cadena de seguridad y justicia del Estado no es posible derrotar estructuras criminales organizadas? Es necesario que Gobierno Nacional, alcaldías, Fiscalía, Policía, jueces, Sijin e Inpec actúen como un sólido y confiable arreglo institucional. Somos altamente vulnerables mientras no haya política de Estado ante el crimen organizado; deuda que tiene el Gobierno Nacional con la seguridad urbana. Este es el gran aprendizaje de lo que sucede en Medellín.
Los gobiernos locales no tienen jueces, ni cárceles, ni jerarquías ante fiscales y policías para responder eficazmente, tanto en el campo de la persecución como del sometimiento. General Naranjo, usted aceptó liderar el tema de la seguridad urbana y muchas otras responsabilidades con el posacuerdo, pero hay bastante gente en esto último y muy poca en lo primero. Por favor, priorice sacar adelante la lucha contra el crimen organizado, el mayor factor crítico para el éxito de la paz. Cuente con el total respaldo ciudadano.
Rafael Aubad L.
Presidente Proantioquia
columnista
Es prioritario, general Naranjo
Usted aceptó liderar el tema de la seguridad urbana y muchas otras responsabilidades con el posacuerdo.
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