Una de las paradojas de nuestro ordenamiento jurídico institucional, es que, conociendo que somos un país de regiones y de muy diferentes capacidades locales, generalizamos una descentralización que muy poco consultó tales realidades y homogenizó muchas competencias territoriales. Preferimos la fácil, en lugar de una ruta intencionada que fuera definiendo autonomías locales progresivas en función del desarrollo de capacidades institucionales.
Ahora, con ocasión del proceso de paz, ha quedado, de nuevo, en evidencia la bien pobre gobernanza de la mayoría de los gobiernos locales y, por lo tanto, su poca capacidad para una implementación exitosa de los acuerdos. Y, en general, como aliados confiables para una presencia efectiva del Estado.
En esos territorios, la descentralización significó el reforzamiento de la política clientelista local, facilitando, por supuesto, la captura de los grupos al margen de la ley de las funciones públicas. Es que la mayor autonomía ha significado, frecuentemente, dilapidar y apropiar indebidamente recursos públicos, incluidas transferencias clientelistas (los cupos indicativos, en muchas ocasiones). Y poco, modelos de buena gestión de lo público.
En tal contexto, por supuesto, la dinámica de los políticos es siempre ‘tirar hacia arriba’ las obligaciones fundamentales del Estado. La exacerbación de los reclamos locales ha puesto al Estado Nación como el principal interlocutor y responsable; y es muy frecuente ver a los políticos tradicionales de esas regiones como parte activa dichos reclamos. Nada raro que muchos de ellos salgan reencauchados. La intermediación es siempre interesante.
¿Volver, entonces, a la centralización, pues allí es mejor el Estado? No quiero pecar de ingenuo, pues por ahí tampoco es la cosa. Creo que un camino más promisorio es incentivar arreglos interlocalidades, como dinámicas de ‘juntanza’ para proyectos de bienestar que, de otra forma, no son posibles. Soluciones de servicios públicos, generación de empleo productivo, de movilidad, seguridad, educación y salud, con impactos positivos de largo plazo y sostenibles no son viables, en la mayoría de nuestros municipios. Los descentralistas a ultranza, algunas veces también lo reconocen y lanzan propuestas. Las que nunca arrancan como los famosos contratos plan. Duran poco, pues son arreglos que solo se plantean para intentar racionalizar solicitudes que se repiten, pero no son plataformas de gestión territorial.
De lo que se trata es que, desde grupos de localidades, se apueste por arreglos de desarrollo territorial. Los Programas de Paz y Desarrollo, uno de cuyos mejores ejemplos es el del Magdalena Medio, que durante muchos años lideró el padre Francisco de Roux, son expresión de este tipo de apuestas.
Recientemente, hay otro ejemplo que entusiasma. El movimiento de 11 municipios del suroeste antioqueño, que han venido trabajando con éxito en la puesta en marcha de la Provincia de Cartama. Ya constituida por Ordenanza como gestión desde ellos. Las iniciativas a promover nacen desde el colectivo.
Facilitemos todos estas ‘juntanzas’, cuyas únicas condiciones deberían ser la prospectiva territorial para proveer bienes públicos, modelos de gobierno trasparentes y eficaces y abiertas a las alianzas público-privadas para el cumplimiento de sus fines.
