Otros Columnistas
análisis

Subsidio a la inversión extranjera

Los acuerdos de protección a la inversión tienen el pecado original de ser discriminatorios.

Otros Columnistas
POR:
Otros Columnistas
septiembre 18 de 2018
2018-09-18 09:01 p.m.
https://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/04/05/5703e5663d293.png

Odebrecht ha anunciado que demandará al gobierno colombiano por perjuicios causados por la supuesta expropiación ilegal de sus activos. La demanda sería al amparo del acuerdo de promoción y protección de la inversión entre Colombia y España, y la decidirían tres árbitros extranjeros en Washington en el marco del Centro de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi).

Son muchas las quejas sobre el funcionamiento del Ciadi: existe un patrón en el que unos árbitros resultan trabajando siempre para la parte demandante (las multinacionales), y otros para la parte demandada (los gobiernos), y votan en favor de la parte que los elige; hay evidencia de la existencia de un carrusel en el nombramiento de árbitros (entre árbitros y litigantes se devuelven favores); no existe jurisprudencia (laudos contradictorios para hechos iguales); no existe un mecanismo de apelación; en muchas ocasiones una misma persona porta dos sombreros en casos simultáneos (árbitro y secretario).

Los acuerdos de protección a la inversión tienen el pecado original de ser discriminatorios: solo las multinacionales pueden llevar a un Estado a un arbitraje internacional, las empresas de propiedad nacional no lo pueden hacer. Por eso dichos acuerdos son un subsidio a la inversión extranjera.

Mediante los acuerdos inversionista-Estado firmados por Colombia, las multinacionales tienen el derecho a recurrir a un tribunal en el extranjero cuando pierden con la ley nacional. Un laudo arbitral en Colombia obligó a Telefónica, de España, a indemnizar al Estado por incumplimiento de reversión de infraestructura, Telefónica apeló el fallo con base en el acuerdo de protección de inversión con España. La Contraloría sancionó a Glencore-Prodeco por los cambios injustificados a la fórmula para calcular las regalías del carbón, ellos demandaron a Colombia con base en el capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Es lo que va a ocurrir con Odebrecht en la reclamación a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por supuestos sobrecostos incurridos. Todos estos casos se resuelven mediante arbitraje en el Ciadi.

Otro problema de fondo de los acuerdos inversionista-Estado es que intimidan al Estado para el ejercicio de su función de regulador. Gas Natural Fenosa nos demandó por la intervención del Estado en Electricaribe para garantizar la prestación del servicio. Las mineras de oro nos han demandado por el fallo de la Corte Constitucional que establece que no se puede hacer minería en los páramos. La familia Carrizosa hizo igual por la nacionalización del banco Granahorrar para proteger a los ahorradores.

El tema más caliente de la política comercial de la Unión Europea es el relacionado con los acuerdos inversionista-Estado por su mala imagen. Después de un proceso de consultas muy amplio y de discusiones con la sociedad civil, en sus más recientes negociaciones con Vietnam, Canadá y Japón, introdujo mejoras que abarcan entre otras cosas, la consagración del principio del derecho que tiene el Estado a regular, la exclusión de algunos sectores de posibles demandas al Estado, la constitución de una corte cuyos árbitros son empleados de esa misma corte, el establecimiento de un mecanismo de apelación.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia para la Defensa del Estado, en entrevista a Semana manifestó que “el mecanismo de arbitraje de inversiones está muy cuestionado internacionalmente, se ha prestado a toda clase de abusos, se ha deformado, y no es un mecanismo idóneo de resolución de disputas”.

Los acuerdos inversionista-Estado firmados por Colombia son una amenaza para nuestras finanzas públicas (a la fecha hay en juego 6.200 millones dólares), y son muy preocupantes las quejas sobre la forma de administrar justicia del Ciadi. Un objetivo de política comercial en defensa de los intereses nacionales debería ser la renegociación de dichos acuerdos donde, como mínimo, se consagre con negrillas el derecho del Estado colombiano a regular en defensa del interés público, y se contemple un mecanismo de apelación que garantice la coherencia de los laudos.

Para emprender esa tarea, se necesita tener el patriotismo de Trump.

Diego Prieto Uribe
Experto en comercio exterio

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado