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Análisis

Supervision de intermediarios financieros en tiempos de pandemia

El Estado debe tener un banco público propio - bajo parámetros cuidadosamente definido

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mayo 18 de 2020
2020-05-18 03:17 p. m.
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En vez de referirme a las respuestas macroeconómicas, monetarias y fiscales, adoptadas para enfrentar la crisis resultado del Covid-19, quiero comentar los dilemas y desafíos que enfrentan los reguladores y supervisores bancarios en las nuevas circunstancias en que nos encontramos, ya que lo que hagan o dejen de hacer los intermediarios financieros tendrá un impacto importante en la transmisión de todas las políticas públicas al sector ral de la economía.

La forma que adopte la recuperación económica en esta crisis - ya sea en forma de V (improbable), U (más probable) o L (el peor, pero no descartable, escenario) - depende de numerosos factores, entre los que está el acceso al crédito.

Distingamos las políticas de regulación y supervisión prudencial en tiempos normales y de crisis. En los primeros, el foco debe ser sobre el examen de los multiples riesgos que enfrentan los intermediarios financieros y las medidas para contenerlos, con énfasis en la estabilidad del sistema. En épocas de crisis se enfrentan dilemas que obligan a desviarse del paradigma ideal anterior de seguir reforzando la normativa prudencial, para adoptar políticas más flexibles, ojala temporales, para facilitarle a los intermediarios sortear la crisis y evitar una contracción marcada del crédito - efecto pro-cíclico que debe evitarse.

Las recomendaciones del Comité de Basilea (BCBS, “Measures to Reflect the Impact of Covid-19”, Abril, 2020 y BIS, “Buffering Covid-19 losses - The Role of Prudential Policy”, Abril 24, 2020) han tomado dos formas principales de alivio sobre el:

(1) Capital para: (i) permitir a los bancos hacer uso inmediato de los “buffers” de capital (de conservación del capital, buffer anti-cíclico (2.5 por ciento adicional sobre el capital), y buffer de los bancos sistémicamente importantes (1-2 por ciento mas), además de reducir la ponderación de los activos de riesgo frente al capital del banco en la medida en que se usen, para ciertos créditos, las ponderaciones aplicables a los riesgos soberanos (no ideal pero necesario); y (ii) Liquidez (relajando la Relación de Cobertura de Liquidez- LCR - que exige mantener un nivel del 100 por ciento en activos líquidos de alta calidad (generalmente papeles del gobierno y del banco central); y
(2) Clasificación de Préstamos- permitir un tratamiento más laxo en la clasificación de los préstamos en mora (NPLs), dando una interpretación más flexible en el registro del número de días de mora y permitiendo provisiones reducidas sobre las pérdidas esperadas de algunos créditos afectados por la pandemia o, más extremo, excluyendo de los NPLs los préstamos sujetos a moratorias.

Políticas complementarias en tiempos de crisis incluyen la prohibición o limitación en el reparto de dividendos de los bancos y en la recompra de sus acciones, y medidas para que ellos compartan los mayores riesgos creados por la crisis con el gobierno - vía garantías con cobertura variable sobre los nuevos créditos que otorguen a los grupos y empresas que se quiere proteger o subsidiar en función de los niveles de riesgo.

Con estas medidas se envia, por parte de las autoridades, la señal de que se busca evitar una contracción del crédito, dando a los bancos capacidad de hacer uso de los recursos liberados y de la mayor flexibilidad para otorgar nuevos préstamos. Esto se traducirá en más crédito, si y sólo si, la aversión al riesgo no induce a los bancos a más bien recoger cartera y parar los nuevos préstamos o asignarlos en una manera contraria a los objetivos de las autoridades.

De manera que sólo si los requerimientos regulatorios son la principal barrera para expandir su balance (cartera de créditos), estas medidas se traduciran, eventualmente, en más crédito. Por supuesto el supervisor debe velar por limitar los riesgos de insolvencia y de iliquidez de los intermediarios,exigiendo un especialmente buen gobierno corporativo y más adelante una revision estricta de la calidad del portafolio de créditos (AQR).

En materia de asignación del crédito (crédito dirigido) a sectores y empresas que necesitan subsidios para sobrevivir esta emergencia sanitaria y crisis económica, aquí y en otros países (caso de la SBA en los Estados Unidos) se enfrentan a tres obstáculos principales: (i) la relación principal(Gobierno)-agente (banco), en la cual el principal no siempre puede imponer su voluntad sobre el agente, el cual puede terminar desvirtuando o aun saboteando el objetivo que tiene el principal que otorga los recursos; (ii) selección perversa de clientes bancarios, que llevan al banco a otorgar los créditos a sus mayores clientes o a clientes de menor riesgo, concentrando los nuevos recursos y subsidios en unos pocos, sin que le llegue nada a las PYMES ; y (iii) falta de competencia, como ocurre con el duopolio bancario en Colombia, que imponen costos adicionales a la intermediación y abusan de su poder de mercado, “exprimiendo” a los clientes con abultados márgenes de intermediación y elevadas tarifas por el uso de servicios financieros (transferencias, uso de ATMs, etc.) - aun en la mitad de la crisis.

Por todo esto el Estado debe tener un banco público propio - bajo parámetros cuidadosamente definidos, que van más allá de los argumentos tradicionales de fallas de mercado - que pueda intermediar recursos directamente en forma anti-cíclica, sobretodo en épocas de crisis como la actual, y en un marco de neutralidad competitiva y eficiencia (Banco Mundial, “Assessment of State-Owned Financial Institutions”, Guidance Note # 5, en Integrated State-Owned Enterprises Framework, 2019 - del cual soy co-autor).

Fernando Montes Negret
Economista Financiero

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