El país cuenta hoy con nuevos mandatarios regionales y locales, así como nuevos integrantes de asambleas y concejos, quienes tomarán posesión en enero de 2020.
A todos aquellos elegidos que están en las regiones con presencia de la industria del petróleo y gas, a través de actividades de exploración, producción, refinación, transporte, y distribución de hidrocarburos, sea esta la oportunidad para extenderles nuestro mensaje de compromiso a trabajar juntos por el desarrollo sostenible de las regiones.
La industria de hidrocarburos ha estado presente en Colombia por más de 100 años, a lo largo de este tiempo hemos visto transformaciones positivas en muchos rincones del país: desarrollo económico, fortalecimiento de la infraestructura vial, generación de empleo, movilidad social, entre otros beneficios apalancados por la actividad hidrocarburífera.
Existen voces que dudan del desarrollo en las regiones petroleras o que tenían expectativa de que la presencia de la industria aportara más a sus regiones, quizá se hubieran podido hacer las cosas mejor o de otra manera; sin embargo, Colombia y sus regiones no serían lo que son hoy si no hubiera existido este sector. La historia contemporánea del país está ligada a los hidrocarburos.
Ahora bien, es claro que aún tenemos grandes desafíos, en especial en lo social y la sostenibilidad ambiental, es importante reconocer el rol de la industria en el pasado, para asegurarnos de convertir efectivamente los recursos del subsuelo en progreso en el suelo.
La industria del petróleo y gas quiere trabajar de la mano de las regiones, pero existe una brecha entre las expectativas de estas y la realidad del sector, cuya actividad se dinamiza o desacelera de acuerdo con múltiples factores ajenos a su voluntad (precios del petróleo, condiciones regulatorias y de entorno, seguridad, entre otras).
Esta brecha entre las expectativas de las comunidades y el sector, y el hecho que en algunas regiones se espere que esta industria esté llamada a sustituir al Estado en sus responsabilidades esenciales, ha llevado a minar los niveles de confianza, dificultando el diálogo y el trabajo conjunto. Esto se evidencia en diversas manifestaciones de conflictividad en el territorio.
Llama la atención, por ejemplo, que el 62% de los bloqueos a las operaciones del sector, con corte a septiembre de 2019, se deban a temas laborales y de contratación de bienes y servicios, es decir, a una conflictividad que surge del interés de miembros de la comunidad de trabajar con la industria; 31% con requerimientos o necesidades que son responsabilidad del Estado; 8% problemas con servidumbres, y 3% a inquietudes ambientales.
Es decir, no se trata de un rechazo a la industria, como a veces se señala de manera simplista, se trata de zonas con tan precaria presencia del Estado, que las empresas del sector son vistas como una de las principales o la única oportunidad de progreso individual y colectivo.
Lograr entonces un cambio en la relación entre las entidades de gobierno, la industria y las empresas del sector con las regiones –con sus autoridades, instituciones públicas y privadas, voceros legítimos de las comunidades– requiere una disposición renovada de todos.
Se trata de hacer equipo por el desarrollo regional, de entender y valorar las aspiraciones locales y la actividad empresarial, y de hacer de los planes de desarrollo regionales y locales un faro, y donde existan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) procurar, con otros sectores económicos, hacerlos realidad.
Desde la industria estamos comprometidos en tener un rol cada vez más activo, y queremos trabajar de la mano de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, en generar aún más valor compartido y asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos del petróleo y gas para contribuir a una diversificación productiva en las regiones donde estamos presentes.
Para eso estamos comprometidos en varias iniciativas, entre ellas, la reforma al Sistema General de Regalías (SGR), para que las regiones productoras tengan una participación más justa y equitativa en la renta petrolera, a través del aumento en las asignaciones directas.
El reto, una vez aprobado –como confiamos será– es darles un uso adecuado y con transparencia: destinarlos a iniciativas estratégicas que apalanquen el desarrollo de las regiones, y en lo local a iniciativas prioritarias que redunden en crecimiento y calidad de vida de la gente.
De manera similar, desde la Asociación y con el Gobierno Nacional, trabajamos para invertir de manera oportuna y en proyectos de mayor impacto regional los recursos ambientales relacionados con el 1% de inversión forzosa, así como las compensaciones ambientales.
Y algo muy importante: estamos implementando un Sistema de Autorregulación de Buenas Prácticas de las empresas. Es una iniciativa para medir la calidad de la gestión, comunicar el desempeño del sector más allá de la ley, y promover la mejora continua en materia de aspectos sociales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, ética y transparencia, cadena de valor, debida diligencia y relacionamiento, entre otras. Es así porque la transparencia es una prioridad cada vez más importante para la industria.
Estas son algunas de las acciones que venimos adelantando. Ahora, el mayor desafío y, a la vez, una gran oportunidad es trabajar conjuntamente con las regiones para alinear objetivos y encontrar sinergias.
Estamos comprometidos en ello y desde ahora les extendemos un mensaje de compromiso y de diálogo abierto y constructivo a los nuevos gobernantes. En la industria del petróleo y gas tienen un aliado para apalancar el desarrollo de las regiones, para sembrar y cosechar grandes logros en los próximos cuatro años.
Francisco José Lloreda M.
Presidente Asociación Colombiana del Petróleo
