Otros Columnistas
ANÁLISIS PND

Trabajo por horas y otros temas al banquillo del PND

Iván Daniel Jaramillo Jassir, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, analiza los aspectos jurídico laborales del proyecto. 

Otros Columnistas
POR:
Otros Columnistas
marzo 14 de 2019
2019-03-14 06:20 p.m.
https://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/04/05/5703e5663d293.png

En el marco del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND), la inclusión de reformas al sistema laboral y pensional ha suscitado debates en torno a la conveniencia de las medidas incluidas que merecen análisis para determinar el alcance de las propuestas.
Como punto de partida, se ha debatido la iniciativa gubernamental de regular la denominada “contratación por horas” ya que de acuerdo con el criterio de la cartera laboral “La forma de contratar en Colombia no puede seguir sin poder contratar por horas.”

Resulta relevante precisar que la idea de flexibilizar el sistema de contratación laboral viene siendo implementada en el Reino Unido a través de los denominados contratos cero horas, en los que el empleador no está sujeto a garantizar una cantidad mínima de trabajo comprometiendo la seguridad en el ingreso y la estabilidad laboral sobre la base del trabajo a demanda que desmantela el esquema de protección laboral orientado a la tutela de la parte débil de la relación de trabajo.

Debe precisarse de antemano, que el trabajo a tiempo completo que caracteriza el sistema de relaciones laborales en Colombia incorpora esquemas de jornadas flexibles (jornadas por turnos de 6 horas al día y 36 a la semana, jornadas flexibles distribuyendo la jornada entre 4 y 10 horas sin exceder el promedio de 48 en la jornada diurna, incluso el aumento horario de lunes a viernes para permitir el descanso en sábados) que habilitan al empleador a distribuir el tiempo de trabajo a través de las modalidades que mejor se encuadren en su diseño productivo.

La regulación de la jornada de trabajo constituye la piedra angular del sistema jurídico laboral que explica el compromiso de la libertad individual prometiendo fidelidad y obediencia al empleador que se remunera por un salario cuya flexibilización debe ser analizada dados los efectos de progresivo deterioro de los estándares laborales mínimos que de la propuesta pueden derivar.

El traslado de la cobertura del Sistema de Seguridad Social a los denominados Beneficios Económicos Períodicos (BEP) declarada en la inciativa debe ser evaluada tomando en consideración la naturaleza de ahorro voluntario de la figura que no puede considerarse en el esquema pensional de cobertura social de los riesgos de invalidez, vejez y muerte que el sistema pensional ampara a partir de las cotizaciones de los trabajadores dependientes y por cuenta propia formalizados.

De otra parte, el PND establece la incompatibilidad de la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen laboral desconociendo la naturaleza propia de cada prestación, su fuente de financiación autónoma y la reiterada jurisprudencia ordinaria y constitucional que reconocen la compatibilidad (posibilidad de acceder a las dos prestaciones) dada la estructura de cubrimiento propio que la reforma propuesta desconoce.

Al tiempo, se incluye la polémica propuesta sobre los recursos de la indemnización sustitutiva (del régimen de prima media que adminstra Colpensiones) o la devolución de saldos (del régimen de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones) de los afiliados al sistema pensional que lleguen a las edades pensionales sin completar las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez que serían imputados al reconocimiento de los BEP si el afiliado no se pronuncia acerca de su decisión de recibir dicha prestación dentro de los 10 días siguientes “al acto que lo define”.

La propuesta implica el paso del régimen contributivo pensional en el que se inscriben los afiliados al régimen general de pensiones al sistema de los BEP de naturaleza infrapensional, no sustituible en caso de muerte, y de pago bimestral que debe ser definido por cada afiliado obviando el corto plazo que el PND pretende incorporar que determinará situaciones de alteración del esquema pensional contributivo al régimen de los BEP no necesariamente deseables para el afiliado.

En el mismo sentido, en materia de reconocimiento de incapacidades de origen común superior a 540 días, se propone limitar su reconocimiento hasta un máximo de 630 días al cabo de los cuales, si se califica la pérdida de capacidad laboral inferior al 50% y por tanto no se accede a la pensión de invalidez, se establece la remisión del trabajador a una bolsa de empleo del Ministerio del Trabajo para lograr su reincorporación a la vida laboral, restringuiendo la obligación de reubicación laboral a los casos en que aquella “sea posible en la empresa en que trabaja”.

El carácter regresivo de las medidas en materia laboral y pensional amerita un debate más allá del PND que permita el análisis sobre la admisibilidad dentro de los criteros de trabajo decente a los que se adscribe el sistema laboral.

Iván Daniel Jaramillo Jassir
Observatorio Laboral
Universidad del Rosario

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes