Desde una perspectiva externa, la transformación que ha sufrido Colombia en las últimas décadas es impresionante. De un Estado que podría ser considerado como fallido y quebrantado por el conflicto, pasó a ser miembro de la Ocde, en donde adquirió un asiento entre la élite de las democracias que se caracterizan por su buena gobernanza, sus instituciones sólidas y su respeto por el Estado de Derecho.
Sin embargo, hay un aspecto que ha estado fuera de sintonía con esta imagen positiva de Colombia: el tratamiento que le da a los derechos de propiedad intelectual, particularmente, la disposición de la administración del expresidente Santos de anular estos derechos para promover su agenda política.
Por ejemplo, en el 2016 el gobierno de Santos amenazó con dar una licencia obligatoria para anular los derechos de patente de Glivec, una medicina contra el cáncer, consiguiendo así grandes descuentos en su precio. Además, sigue sobre la mesa la posibilidad de otorgar una licencia obligatoria a una serie de medicinas innovadoras y patentadas para la Hepatitis C.
En una era de globalización, en la cual las industrias basadas en el conocimiento constituyen la base de las economías más exitosas, los derechos de propiedad intelectual deben considerarse instituciones de mercado fundamentales, junto con los derechos de propiedad física y el Estado de Derecho. Todos los países de la Ocde dependen de los derechos de propiedad intelectual para impulsar el crecimiento económico, y, de esta forma, mantener altos estándares de protección a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las patentes, los derechos de autor y las marcas registradas.
La credibilidad del régimen de propiedad intelectual de Colombia debería ser un área de interés particular del gobierno de Duque, si quiere diversificar la economía y volverla menos dependiente de los recursos naturales para encontrar nuevas fuentes de crecimiento económico sostenible, particularmente en los sectores basados en conocimiento que el Presidente busca promover con la economía naranja.
Aunque la OMC permite el uso de las licencias obligatorias en ciertas ocasiones, estas representan una significativa intervención estatal que espanta a los inversionistas. El potencial disruptivo que tienen los mercados y los procesos de inversión han hecho que este mecanismo haya sido usado solo esporádicamente en el pasado y, en especial, por países con gobernanza débil en medio de importantes crisis de salud pública (varias naciones africanas emitieron licencias obligatorias para medicinas contra el VIH a comienzos de la década del 2000).
Sin embargo, el Ministerio de Salud colombiano intentó presentar las licencias obligatorias como la solución para proveer cuidados de salud de mejor calidad a una clase media cada vez más demandante. En el 2015, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se refirió así a la licencia obligatoria de Glivec: “Colombia es un caso paradigmático de un país de ingreso medio, con un sistema de salud en expansión y con expectativas crecientes de sus clases medias, que no puede pagar los altos precios de los nuevos medicamentos”.
En realidad, los problemas que enfrenta Colombia en materia de salud van mucho más allá de los precios de los nuevos medicamentos. El sistema de salud ha estado en déficit por muchos años y varios hospitales y proveedores portan una deuda significativa. Esto se debe, en parte, a las mal planeadas reformas de salud que se han hecho desde los años 90, cuando era incorrectamente asumido que el 80 por ciento de ciudadanos con empleo formal le pagarían al sistema. El problema es que más de la mitad de los trabajos del país es informal, por lo que no hay ingresos suficientes de las primas de seguro.
En el 2015, el Gobierno le dio a cada ciudadano el derecho legal a realizarse casi cualquier tratamiento registrado en el país con prescripción médica. En efecto, el sistema de salud es el más judicializado de Latinoamérica, con 118.000 tutelas por provisión de atención médica realizadas solo en el 2014. Al combinar esta demanda masiva con una inversión insuficiente en salud (Colombia dedica solo el 6,2 por ciento del PIB, comparado con el 9 por ciento del promedio de los países de la Ocde), el modelo de salud es insostenible.
Dado que los medicamentos patentados constituyen solo una proporción pequeña del gasto total en salud, las licencias obligatorias conseguirán perjudicar la reputación que ha venido ganando Colombia en cuanto a su competencia económica, irritar a los socios comerciales y socavar los esfuerzos para promover la inversión en los sectores basados en el conocimiento con los que cuenta la economía del país.
Desde nuestro punto de vista, lo mejor que puede hacer Colombia es distanciarse del uso que le dio la administración pasada a las licencias obligatorias para asegurar que el país siga construyendo sobre los logros económicos que ha tenido en el pasado.
Philip Stevens
Director Ejecutivo de Geneva Network. En colaboración con Stephen Ezell, vicepresidente de Políticas Públicas en Innovación del Information Technology and Innovation Foundation en Washington
