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Tributaria… ¿Y la reforma a la seguridad social qué?

No podemos dormir tranquilos, sabiendo que 9 de cada 10 trabajadores del campo no tendrán acceso a protección en la vejez.

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abril 26 de 2021
2021-04-26 08:49 a. m.
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El debate sobre los alcances de una nueva reforma tributaria - o ley de financiamiento social - ocupa todos los espacios públicos en la coyuntura nacional. No obstante, parecen embolatarse las discusiones sobre los ajustes en materia de empleabilidad, formalidad laboral y seguridad social.

La pandemia ha desnudado las debilidades del mercado laboral y de la protección social en las sociedades. El recrudecimiento de fenómenos como el desempleo y la informalidad – que afecta aproximadamente al 50% de la población trabajadora -, tanto como las inequidades laborales en relación con las mujeres – con índices de desempleo superiores al 20% - y los retos por la destrucción de empresas, la mayor concentración de la riqueza y los nuevos riesgos del trabajo en casa, son más que suficientes para marcar la ruta de la política pública en el país.

En la otra columna de la cuenta, frente a la búsqueda de nuevos ingresos por impuestos o por endeudamiento, para solucionar efectos tanto de déficit crónico como del producido por la Covid-19, es preciso centrar la mirada en el gasto para las prestaciones de la protección social y el fortalecimiento del sistema de aseguramiento público.

Es momento para que pese a las afugias financieras, se piense con criterio de largo plazo y se actúe proyectando un acuerdo nacional que siente las bases para el renovado gasto social que se requiere.

Al estilo del Pacto de Toledo en España, la reformulación integral de la protección social se aprecia deseable y necesaria. No es posible ejecutar esta tarea sin un proceso de diálogo y concertación amplio, razonable y democrático.

Hay que abordar nuevos desafíos relacionados con la impostergable adopción de un esquema de renta básica universal, para asegurar la subsistencia de poblaciones vulnerables, la consolidación práctica de la economía del cuidado y la protección efectiva de quienes la ejercen, así como la estructuración de plataformas integrales de protección a la empresa y al empleo formal, en fórmulas que como la del PAEF (programa de apoyo al empleo formal) han demostrado ser tan útiles como necesarias.

No podemos dormir tranquilos, sabiendo que 9 de cada 10 trabajadores del campo no tendrán acceso a protección en la vejez o que la mitad de los trabajadores carecen de la opción de pensionarse por una enfermedad laboral. La seguridad social no puede seguir siendo para una parte de la población, debe ser universal y es preciso identificar esquemas progresivos y continuos que faciliten la legitimación del Estado, a través del reconocimiento para todos de los derechos derivados del aseguramiento contra riesgos sociales.

Seguramente tendremos que arbitrar más ingresos públicos y administrarlos mejor, pero eso sí condicionarlos al disfrute de más prestaciones universales, que realicen la ciudadanía en la sociedad pospandemia.

Juan Carlos Cortés González
Ex Viceprocurador General
Director Iberoamericano Centro de Estudios Sociales OISS

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