En los últimos años, la Superintendencia de Transporte se ha esforzado para que en el país resulte más costoso infringir la ley, que cumplirla.
Bajo esa premisa, se han adelantado varias acciones. Por una parte, la entidad ha incrementado el monto de las sanciones impuestas en función de la gravedad de la falta y la situación patrimonial del infractor. Y en otra medida, se ha aumentado sustancialmente la posibilidad de detectar a los infractores.
Quisiera resaltar algunas gestiones que hemos desarrollado en este segundo frente.
Distintos regímenes (incluyendo administrativos) han creado espacios para que el infractor obtenga beneficios a cambio de colaborar o entregar información relevante a la autoridad respectiva, como otorgar inmunidad o exoneración de sanciones, entre otras, como ocurre con la Superintendencia de Industria y Comercio o con la Fiscalía.
El sector transporte no cuenta con una institución semejante. No obstante, tiene dos mecanismos que permiten vincular al sector privado cuando posee información relevante, confiable, detallada y que puede producirse a una velocidad razonable, buscando apoyar los objetivos propios de la Superintendencia de Transporte.
En primer lugar, hemos abierto espacios al sector privado para que entregue la información que conozca, que se suman a los canales de atención al ciudadano tradicionales que ya había dispuesto la Super y los otros espacios de promoción y prevención.
Durante la pandemia, los directivos de la entidad, empezando por el Superintendente, los Superintendentes Delegados, y los Directores, hemos sostenido 856 reuniones con particulares, incluyendo usuarios, gremios, asociaciones, ciudadanos, conductores y empresarios, entre otros.
Esto equivale a que, en promedio, cada día hábil un directivo de la Superintendencia recibe tres ciudadanos. Nunca la entidad había sido tan abierta con el público.
El otro mecanismo en que se ha apoyado la Super son los usuarios. Hemos recibido 22.453 quejas de los usuarios. Un 60,41% de ellas estaban dirigidas al transporte aéreo, un 39,5% al terrestre, y el 0,09% restante al acuático.
Los usuarios han tenido un rol determinante en las medidas que está adoptando esta entidad, pues son nuestros ojos en las vías, en las terminales, en los aeropuertos, incluso en internet.
Los usuarios nos permiten detectar irregularidades en el sector para adoptar las medidas correctivas que sean necesarias.
Esa apertura por parte de los directivos de la entidad, sumada a los múltiples canales de atención al ciudadano, son técnicas que le han servido a la Supertransporte para incrementar la posibilidad de detectar las infracciones en los mercados.
Gracias a ellas, la entidad puede entender, en tiempo real, los problemas que están afectando el sector, para así tomar acciones contundentes.
Además, la Super continúa apoyándose en el control en vía, como los operativos en los principales corredores logísticos del país que se intensificaron en febrero de 2021, para detectar irregularidades en transporte de carga.
En menos de un mes se inspeccionaron alrededor de 3.885 vehículos, identificando 714 hallazgos respecto a operaciones con vehículos marcados con omisión en su registro inicial, operaciones debajo de los costos del Sistema de Costos Eficientes (Sicetac) e irregularidades en el manifiesto de carga, entre otros.
La SuperTransporte también utiliza sistemas como el Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera (RNDC) para verificar las operaciones de transporte. Producto de este análisis ya tenemos nuevas investigaciones tras identificar 16.021 operaciones de carga realizadas durante la pandemia, que no estarían ajustadas a la normatividad vigente.
Considerando la relevancia de la infraestructura y del transporte para nuestro país, la colaboración del sector privado es indispensable para seguir obteniendo ventajas y hacer frente común en nuestra lucha contra la informalidad y la ilegalidad.
Camilo Pabón Almanza
Superintendente de Transporte