La representación política acordada con los guerrilleros de las Farc es uno de los puntos que ha causado gran polémica sobre los acuerdos alcanzados en La Habana. Un muy reconocido abogado y político me invitó a comparar estos acuerdos con la Ley 796 del referendo del 2003, en los aspectos relacionados con la reincorporación a la vida civil, planteada por el Gobierno de esa época, para los grupos armados al margen de la ley. Veamos lo que se encuentra.
El acuerdo en la Habana señala que las Farc podrán inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos y/o movimientos políticos, con personería jurídica para la circunscripción ordinaria del Senado y para cada una de las circunscripciones territoriales ordinarias en que se elige la Cámara de Representantes.
También indica que competirán en igualdad de condiciones, de conformidad con las reglas corrientes, por la totalidad de las curules que se eligen en cada circunscripción, y se les garantizará por dos periodos un mínimo de 5 curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, incluidas las obtenidas de acuerdo con las reglas ordinarias. Adicional, crea 16 circunscripciones especiales en zonas de violencia para que miembros de esas comunidades participen y puedan ser elegidos.
Críticos de estos acuerdos fueron inspiradores, redactores o promotores del proyecto que condujo a la aprobación de la Ley 796, que convocó al referendo del 2003 con dos artículos: el primero, contenía 19 numerales que modificaban la Constitución Nacional en variados aspectos; el segundo, permitía votar en bloque la totalidad del articulado. Del primero, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en su integridad, los numerales 10, 16, 17 y 19, la expresión “y las personerías” del numeral 12, y el parágrafo del numeral 6, que adicionaba el artículo 176 de la Constitución.
Esta adición buscaba facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, y autorizaba al Gobierno a establecer circunscripciones especiales de paz para las elecciones, o nombrar directamente un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.
Señalaba, además, que el número sería establecido por el Gobierno Nacional, y los nombres de los congresistas, diputados y concejales convenidos entre el Gobierno y los grupos armados; su designación correspondería al Presidente de la República.
Entonces, no solo era al Congreso, sino también a las Asambleas y Concejos, a donde llegarían los miembros de los grupos al margen de la ley, en número indeterminado, sin topes en cantidad y a voluntad de las negociaciones entre esos grupos y el Gobierno de la época. A este, además, se le autorizaba a no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para designar congresistas, diputados y concejales. La decisión no sería por votación popular, sino por designación presidencial.
El artículo segundo de esa ley, también declarado inexequible, buscaba votar la totalidad del articulado sin que fuera necesario marcar con el Sí o con el No cada una de las respuestas del farragoso referendo. Hoy, inspiradores, redactores o promotores de aquella pregunta critican o demandan la que se estableció para el plebiscito; esta sí a la luz de la declaratoria de constitucionalidad de la Corte.
Para la época se iniciaba un proceso de negociación con los paramilitares, del cual los colombianos supimos muy poco. Los numerales declarados inconstitucionales no fueron sometidos al voto popular; sin embargo, es importante recordar hoy, en la inminencia del plebiscito, la iniciativa propuesta por el Gobierno de la época para el referendo del 2003.
A muchos de los críticos de los acuerdos en La Habana, o les falta coherencia o les falta transparencia; valores que deben guiar la existencia de cualquier individuo y, en especial, la de aquellos que participan en la vida pública. Ojalá esos valores existieran en todos los dirigentes de este país, porque, de lo contrario, no pasarán de ser jefes de fracciones políticas que entorpecen el crecimiento de la nación, muy lejos de ser verdaderos líderes visionarios para nuestro desarrollo.
Augusto Galán Sarmiento
Exministro de Salud - Embajador de Colombia ante la Unesco
Mauricio Reina
Investigador asociado de Fedesarrollo
