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Una decisión respetable aunque perjudicial

El Consejo de Estado negó la ponencia que buscaba levantar la suspensión temporal de la regulación técnica para el ‘fracking’ en el país.

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septiembre 12 de 2019
2019-09-11 10:00 p.m.
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Merece el mayor respeto la decisión del Consejo de Estado de mantener suspendidas dos piezas regulatorias de carácter técnico del fracking, mientras toma una decisión de fondo.

No significa, sin embargo, que sea una decisión acertada pensando en lo que le conviene al país. Por supuesto que otros piensan diferente y eso está bien. Pero es mi deber sustentar la posición de la industria, en un momento histórico para Colombia.

Iniciemos por precisar lo ocurrido. Dos instrumentos regulatorios expedidos en 2013 y 2014 por el Ministerio de Minas y Energía fueron demandados ante el tribunal, con dos argumentos principales: que no tenía en cuenta el componente ambiental, y que no se había atendido el control de advertencia de 2012 de la Contraloría General en el que se indicaba que el país carecía de la regulación para adelantar la técnica del fracking.

El primer argumento es válido en apariencia, pues es cierto que dichas regulaciones no contemplan lo ambiental, por una razón, porque lo ambiental está en otra regulación, expedida por el Ministerio de Ambiente.

Y el segundo argumento, incomprensible, pues fue precisamente a partir de ese control de advertencia -que sirve de base a la demanda- que se expidió la regulación ambiental, contractual y técnica, esta última la suspendida.

Pero más allá de la solidez de los argumentos, de lo anterior se concluyen dos cosas. La primera, que no es toda la regulación la que está suspendida, es la técnica -que no difiere mucho de la que hoy se aplica en otros yacimientos- y la segunda, que el fallo no prohíbe el fracking ni tampoco prohíbe el desarrollo de los yacimientos no convencionales; es más, todos los planes de desarrollo desde el año 2010 lo contemplan. Esa es la realidad.

Entre 2012 y 2014 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) adjudicó siete bloques para el desarrollo de este tipo de yacimientos y en virtud de esos procesos competitivos, se suscribieron contratos, con derechos y obligaciones.

Lo que no imaginaron entonces las compañías extranjeras es que sería el inicio de un viacrucis, que el país entraría en una moratoria de facto, y que para 2019 no se habría hecho un solo pozo exploratorio.

Mientras tanto, Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo y en exportador de gas; Argentina -que inició el proceso al mismo tiempo que Colombia- recuperó la autosuficiencia en gas en el verano, cuya importación le costaba US$13.000 millones al año; y Canadá, uno de los países más rigurosos en lo ambiental, igualmente los desarrolla.

Inglaterra también lo autorizó, Alemania, el gran auspiciador del anti-fracking, autorizó realizar proyectos piloto, y como lo tituló ayer este diario económico, “Ecopetrol inicia fracking en Estados Unidos y Colombia no se decide”.

Pero más allá de lo que ocurre en otros países y de recordar los intereses geopolíticos alrededor de la campaña global anti-fracking, encabezados por Rusia pues no desea competencia en el mercado de gas en Europa y Asia, es importante insistir en el caso de Colombia y en cómo, al paso que vamos y salvo que las circunstancias cambien radicalmente, vamos a perder la autosuficiencia energética con un fuerte impacto fiscal.

Las reservas de petróleo alcanzan para 6,2 años y las de gas 9,8 años, un abrir y cerrar de ojos en una industria donde desde la firma del contrato hasta el primer barril técnico pasan seis años, 84% de ese tiempo en trámites.

Pero, paradójicamente, estamos felices por acercarnos a los 900 mil barriles al día, que no es nada distinto a consumir más rápido las reservas (1.985 millones de barriles), reduciendo el tiempo de las mismas a 5,9 años.

¿Qué significaría perder la autosuficiencia energética? Terminar importando petróleo y gas, más costosos sin duda, lo que se reflejaría en las tarifas del gas para diez millones de hogares, en los combustibles y la energía eléctrica –pues el 30% se produce con gas– y quedar a merced de los hidrocarburos de Venezuela y de los producidos con fracking en zonas de los Estados Unidos. Ese es el escenario al que nos enfrentamos, si no avanzamos con celeridad.

Como si eso fuera poco, importar crudo para cargar las refinerías -salvo las cerremos- le costaría al país $30 billones al año que sumados a unos $20 billones que dejaríamos de recibir por las exportaciones, representarían un hueco adicional de $50 billones al año.
Las últimas tres reformas tributarias no suman $30 billones y la de 2018, $6 billones. ¿De donde van a salir esos recursos, más impuestos y endeudamiento?

No es alarmismo, ojalá las circunstancias cambien y encontremos otro Cusiana o Caño Limón, o logremos ganar tiempo con recobro mejorado en los campos convencionales existentes, y encontremos no solo gas sino petróleo costa afuera y sea rentable sacarlo.

Sin embargo, con la información que tienen la industria petrolera y el gobierno debemos, además de todo lo anterior, desarrollar los yacimientos no convencionales. De ahí el llamado urgente.

Lo fácil para el presente gobierno hubiese sido “hacerse el loco”, pues a fin de cuenta la pérdida de autosuficiencia y la debacle fiscal le tocarían a los que vienen. Sería lo fácil, pero no lo responsable. De ahí que produzca lástima la politización de este debate, que debería ser técnico.

Ojalá prime la sensatez, aunque no sea políticamente correcta. El país lo agradecerá, no ahora, sino a futuro. Y ojalá las empresas no tiren la toalla.

Francisco José Lloreda Mera
presidente ACP

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