La discusión sobre las tarifas de transporte por oleoductos en Colombia no surge como consecuencia de la crisis actual en la que están la industria de hidrocarburos y el mundo. Desde hace varios años, las productoras del régimen privado han insistido en una reforma estructural a la metodología por medio de la cual se fijan dichas tarifas en el país.
El transporte es el gran aliado de la producción de petróleo. Si los oleoductos son viables, la producción es viable y viceversa. De eso no hay duda. No se trata de obstruir el desarrollo de los agentes y afectar su negocio: de lo que se trata es de buscar la armonía entre todos los actores, en beneficio de la industria, compuesta de la Estatal petrolera y sus filiales, y de empresas de capital privado que le apuestan a Colombia.
Lo primero es aclarar que las empresas productoras están de acuerdo con que al transportador se le remuneren las inversiones que efectivamente realizan en cada periodo tarifario y sus costos de operación, teniendo en cuenta las características geográficas y los demás retos del país. La regulación del Ministerio de Energía remunera estos componentes. Allí no está la discusión.
La discusión radica en los activos iniciales de transporte, punto de partida de la fórmula y que representa alrededor del 70% de la tarifa vigente. La fórmula remunera el activo con base en valoraciones suministradas por el transportador al comienzo de cada periodo tarifario, de cuatro años. La regulación pareciera permitirle a los transportadores, para efectos de fijar la tarifa, utilizar el mismo valor sin sufrir amortización alguna. Además, dicho activo se revaloriza de acuerdo con lo establecido en la fórmula para tal fin. En otras palabras, el valor del activo se incrementa en cada periodo tarifario y la inversión nunca termina de recuperarse, se vuelve un valor perpetuo y creciente.
Así, el componente más alto de la fórmula de la tarifa de oleoductos, la inversión inicial, crece exponencialmente con el tiempo. Es un activo que nunca pierde valor con su uso y los usuarios no reciben beneficio alguno por los pagos a capital que hacen en los periodos tarifarios anteriores. Es como si a la cuota mensual del crédito de un carro jamás se le abonara a capital y el vehículo costara más con el tiempo. En otras palabras, nunca se termina de pagar el carro, y cada vez se debe más dinero al inicialmente solicitado.
Como resultado de lo anterior, el valor de los activos que se le cobra a los usuarios en la tarifa de oleoductos ha crecido de manera acelerada en la última década, al punto que hoy supera en casi tres veces el valor publicado por las empresas transportadoras en sus estados financieros, lo que de por sí resulta extraño. Dicho de otra manera, los productores remitentes terminaron pagando varias veces la construcción de los oleoductos. Esto derivó en jugosas ganancias para las empresas transportadoras, del 60% a 80%, cuando la regulación colombiana fija un retorno del 14% para el transporte por oleoductos.
Ahora bien, no se trata de un dilema de traslados de rentas entre dos agentes de la cadena, como se ha querido presentar. Se trata de corregir un principio básico aquí y en cualquier parte del mundo y es reconocer que el valor inicial de un activo pierde valor en el tiempo y que los aportes a capital que hacen los usuarios por dicha “inversión” se reflejen en la tarifa de oleoductos. Tan simple es este principio básico que en los estados financieros de las mismas empresas de transporte dichos activos tienen un menor valor, el valor real de los mismos. ¿Por qué no se utiliza el valor real de los activos en las tarifas que cobran a sus usuarios?
Esta situación presenta un desequilibrio en detrimento de los remitentes quienes llevan varios años solicitando al Gobierno Nacional corregir esta regulación, que también afecta a las regiones dado que este costo exagerado de transporte se descuenta del ingreso que estas reciben por regalías. Es decir, es un problema de interés general de los colombianos.
El Gobierno Nacional tiene la competencia para corregir su propia regulación. No puede perpetuarse una metodología tarifaria que es desequilibrada. Las tarifas deben ser equilibradas para ambas partes, remunerar la inversión realmente realizada y basarse en información confiable y verificable por terceros, incorporando gastos y costos eficientes de operación.
Esto debe conducir a una reducción del costo de transporte por oleoducto que mejore la competitividad del país para atraer la inversión en exploración y producción que necesita. Además, tarifas más competitivas dan la posibilidad de generarle a la Nación y las regiones más ingresos fiscales por la producción de petróleo. Son claras las razones por las que se puede y deben revisar las tarifas de oleoductos, hoy upaquizadas, más aun en esta difícil coyuntura de precios, donde se hace más evidente y doloroso un problema estructural.
Francisco José Lloreda Mera
Presidente Asociación Colombiana del Petróleo.
