Obtener la paz emociona y motiva a todos los sectores productivos del país porque sin viabilidad industrial en las regiones no habrá empleo para los miles de hombres y mujeres reincorporados a la vida civil, no habrá proyectos productivos impulsados por la empresa, no habrá recursos para la inversión social y no habrá por lo tanto desarrollo regional que será el verdadero motor durante el posconflicto.
Esa paz auténtica y legítima que impacte la economía rural solo se puede construir con una armonía entre los protagonistas de un nuevo capítulo que vivirá la Colombia en adelante. Un modelo de visión compartida que agrupe a estos actores bajo propósitos concretos, estratégicos y realizables, todos tirando hacia un mismo horizonte y trabajando bajo los ejes del éxito: generación de consensos, voluntad política, líderes movilizadores y constructivos, e ideas innovadoras.
El tema es tan claro, que si no existen estas premisas de trabajo y persisten posturas radicales e inflexibles de una comunidad, una autoridad o un empresario, simplemente se frenan los proyectos causando el incumplimiento de la principal promesa de valor económica de la paz, crecimiento individual y colectivo.
La desalineación es el peor enemigo del desarrollo económico de un país, y lo hemos visto durante los últimos años con proyectos estratégicos para Colombia que se han frenado o abortado por inseguridad jurídica (ej: licencias ambientales, consultas previas), abuso de las normas y leyes que defienden los intereses del ciudadano, vías de hecho que ahuyentan la inversión, terceros que negocian las expectativas e intereses de la comunidad o falta de voluntad política.
Las comunidades por ejemplo, a veces con razón o en ocasiones movilizadas por intereses de otros, se han convertido en un dolor de cabeza para las operaciones petroleras, mineras, de infraestructura o energéticas, pues acuden a los mecanismos constitucionales de participación ciudadana para exigir el retiro de las operaciones de una compañía, sin detenerse a observar el impacto económico que esto causa a la región. Es la forma legítima de defender sus derechos, pero deben revisar sus alcances.
Los grupos sociales también se sienten invadidos y vulnerados en sus intereses locales como la generación de empleo, venta de bienes y servicios o creación de proyectos de compensación ambiental o social.
En este aspecto, las compañías tienen que cumplir con las exigencias de ley reguladas por la ANI, la ANH, la ANM y otras entidades, pero además deben ir más allá, en aras de la construcción de confianza con todos sus grupos de interés, condición que tumba murallas de prevención y ayuda a viabilizar la negociación de las condiciones sociales de una operación industrial. Hay que trabajar por un diálogo abierto y un consenso donde ganen todos, pierdan los oportunistas y avancen las obras.
Muchas compañías que le están apostando al país, además de afrontar dificultades con su entorno comunitario, deben esperar más de un año para obtener su licencia ambiental o gravitar en medio de la inconsistencia de las consultas previas, compras de terrenos o bloqueos de tipo laboral que desaceleran los proyectos y los hacen aún más costosos. El rubro de hoy, invertido en estrategias de relacionamiento y sensibilización del entorno, ha crecido en entre un 10 y 15 por ciento, según algunas compañías del sector petrolero e infraestructura.
Otra arista no menos importante, es el poder político en las regiones que influye en el futuro de los proyectos, ya sea porque las obras de tipo nacional no acompañan los planes de desarrollo locales, hay luchas de poder partidista que generan debates estériles o simplemente no existe una voluntad suficiente de las administraciones. Este panorama enrarece la evolución de los proyectos y desestimula la inversión.
Para que la Paz económica sea viable se deben construir lazos de confianza en las regiones entre quienes generan riqueza, los que la regulan y aquellos que se benefician. No podemos seguir en la patria boba, pidiendo desarrollo y crecimiento, y a la vez bloqueando las inversiones con posturas fundamentalistas, vías de hecho, obviando las negociaciones, despreciando el diálogo social, opinando desde la lejanía sin conocer las realidades o impulsando decisiones jurídicas injustas.
Hoy cuando se habla cada segundo de Paz, la recurrencia de la palabra no puede conducir a una moda o cliché, todos: empresarios, comunidades, líderes políticos, las instituciones y representantes de la fuerza laboral deben sentarse lo más pronto en mesas constructivas, donde lo único que se excluye son los egos e intereses individuales, para dar paso a la visión prospectiva que es la única salida a una economía regional sostenible. ¡Esto traducido en planes específicos de acción y poca carreta!
Luis Parra M.
Consultor empresarial sectores hidrocarburos, minero e infraestructura.
