Colombia, país de fervorosas convicciones espirituales, arranca la próxima semana una nueva época de reflexión y evaluación de su rumbo. El Fiscal Montealegre llega finalmente a la decimoquinta estación de nuestro viacrucis y sale merecedor del reconocimiento “Cruz de Gólgota” nivel Ordoñez, por su honrosa gestión integral como relacionista público Low Murtra del dinamismo cambiante de la política y la injerencia en sus normas.
La constante incertidumbre por el evidente racionamiento de salud, de trabajo, educación, seguridad, infraestructura y recursos de todo tipo, sólo se puede comparar con el desastroso racionamiento moral de algunas de nuestras entidades públicas, manejadas a partir de evidentes polarizaciones políticas enceguecidas en dónde cada filiación actúa con intereses propios para beneficiar a sus copartidarios o condenar a sus enemigos.
A excepción de Roy, que quiere ser amigo de todo el mundo, muchos de nuestros dirigentes han dejado ver descaradamente que sus actuaciones van en concordancia con un dictamen político que nubla indiscriminadamente la legislatura y la normatividad, y la interpreta a su conveniencia para otorgar contratos millonarios, estudios carentes de estudio y por qué no, favores políticos con el fin de abonar el terreno para futuras cobranzas.
Montealegre ha sido un Fiscal más conocido por sus escándalos que por su propia gestión. Desde contratos a dedo para la adjudicación de estudios con la señora “Springer”; los desmanes coyunturales sólo contra un sector de la política nacional; el descontrol publicitario para perjudicar a una actriz que asumió la decisión de interrumpir un embarazo; el rompimiento de la boda de alguien que le cae mal; los constantes ataques contra la excontralora Sandra Morelli y ahora su remoto pero posible nombramiento como Embajador en Alemania; son algunos de los sucesos que han acompañado su gestión parcializada.
Si bien es cierto que entre los dos polos políticos del país hay más ganas de llevarse la contraria que de gestionar una oposición seria y coherente que nos beneficie a todos, nuestra justicia no puede prestarse para caer también en ese juego macabro de la persecución descontrolada, que desconoce a los verdaderos enemigos del país y de su pueblo, los premia, y además se dedica a perseguir a quienes expresan ideas diferentes desde un cargo avalado con votos y no con armas.
Nuestras entidades deberían ser protagonistas de su gestión misional por sí mismas, sin importar si está Ordoñez, Gina, Natalia Abello, o el mismo Presidente. Las campañas electorales son antes de la elección para los cargos, no para seguir inaugurando cualquier obra cada 30 minutos con el fin único de buscar una proyección política después del adefesio de estos últimos 2 años.
¿De cuando a acá cada palabra presidencial está sujeta a cambios descarados de parecer? “no voy a subir impuestos”, “el proceso de paz se va a firmar el 23 de marzo”, “la locomotora industrial nunca va a fundirse”, “estamos preparados para que no exista ningún apagón”.
Lo anterior lo único que demuestra es la constante que hemos padecido todos los colombianos los últimos años. Desde la arrogancia de Andrés Felipe Arias; la oposición visceral del mismo Uribe “para todo”; los cambios de parecer y discurso de Santos y su política tibia; los cambios de posición de Germán Vargas; los trinos incendiarios de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal; hasta la creación de “Superministerios” otorgados a “superamigos”, y cientos de inconsistencias que se destapan diariamente, son las variables de un país que tiene un rumbo incierto amparado en cualquier interpretación legal de entidades de vigilancia diseñadas para amoldarse a la política y no al servicio de la comunidad.
Es utópico pensar que esa polarización va a cambiar, más cuando nosotros mismos encasillamos sin piedad a las personas a partir de los enfoques válidos que pueden surgir en cualquier debate. Eso es parte de la democracia y de la pluralidad informativa, pero lo que nunca se puede permitir es que el arte de gobernar se convierta de forma descarada y directa en una maquina hambrienta que no ejecuta para la comunidad sino para los propios dirigentes de turno.
La ley es para cumplir a cabalidad, no para interpretar, adecuar o cambiar. Basta ya de funcionarios que desangran el país a partir de sus necesidades particulares.
Andrés F. Hoyos E.
Comunicador Social y Periodista
@donandreshoyos
Camilo Sánchez
Presidente de Andesco
