El crecimiento económico del año pasado, 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto y en particular el decrecimiento de 0,7 por ciento del último trimestre, son ya hechos inocultables que ni los mismos funcionarios públicos que proclamaban 'el blindaje' de nuestra economía pueden ya desconocer.
Hace siete meses, otros países de la región como México, Brasil y Chile, reconocieron los importantes efectos de la crisis internacional, diagnosticaron la situación y comenzaron a tomar medidas para paliar sus efectos.
Ya desde finales del año pasado casi todos los demás países reconocían la gravedad de la situación, claro con las excepciones de la Venezuela de Chávez y el Gobierno colombiano. Pero bueno, por fin reconocieron la existencia de un problema y ahora corresponde buscar alternativas audaces, pero realistas para actuar.
El Plan de 55 billones de pesos, donde casi la mitad corresponden a recursos del sector privado (hoy sin fuentes abundantes de financiamiento) no parece ser ni audaz ni realista. Ya estamos presenciando las dificultades del concesionario de Eldorado, que a pesar de haber logrado un generoso y dadivoso reajuste de su oferta inicial (con la cual ganó la concesión) hoy tiene serias dificultades para acceder al financiamiento necesario.
Una alternativa, es permitir e impulsar el gasto público en pequeñas obras, vías terciarias y secundarias, reparaciones de escuelas y puestos de salud por parte de los departamentos y municipios. Ellos están en una mejor situación fiscal que el Gobierno Central. El año pasado estuvieron inmersos en los procesos de planeación y diseño de sus propósitos de gobierno, y por su naturaleza descentralizada tienen una gran capacidad de irrigar los recursos.
El Gobierno Central, con su enorme déficit fiscal, que no quiso corregir en los tiempos de auge, tiene hoy enormes limitaciones para realizar gastos contra-cíclicos, por ello una de las alternativas, por supuesto no la única, es impulsar un mayor gasto por parte de los territorios.
Claro, eso tiene el inconveniente de promover un gasto público que no redundará en beneficios reeleccionistas, pues los contratos y los cheques no serán firmados por el primer mandatario o sus funcionarios.
Hago parte de ese grupo de colombianos convencidos de que el gasto público no debería destinarse a la politiquería, entendida como el uso de los recursos públicos para los mezquinos intereses electorales de algunos individuos. También creo que la reelección no es conveniente, seria, ni responsable y por supuesto, la clasifico como una enorme insensatez.
ccaballero@cifrasyconceptos.com
Sensatez
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