El Juzgado 61 de Bogotá falló en primera instancia la tutela de un grupo de personas que pedía que a los mayores de setenta años se nos diera el mismo trato que a los demás ciudadanos en el marco de las medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus. Es un triunfo no menor, aunque parcial, de los ciudadanos en contra de uno de los muchos decretos arbitrarios dictados por este gobierno.
Naturalmente, los adultos mayores, así como otros que padecen de condiciones de salud que aumentan su riesgo de infección por el corona virus, tendremos que tomar mayores medidas de seguridad que los demás. El solo hecho de que haber llegado en buenas condiciones a esta edad nos acredita como capaces de cuidarnos.
El fenómeno de gobernar por decreto se ha presentado en varios países democráticos a raíz de la pandemia del Covid-19, y el gobierno de Colombia también se ha visto en la necesidad de gobernar así. La facultad de legislar de esta manera tiene como objetivo principal el de poder actuar rápidamente ante inesperadas circunstancias adversas, como es el caso de la pandemia que actualmente azota al mundo entero.
Los decretos emitidos durante la emergencia económica actual, que tienen fuerza de ley mientras no sean declarados inexequibles por la Corte Constitucional u objetados por un juez de la República ante una tutela y que no son sujeto de control político por parte del poder legislativo, son un arma de doble filo. Si bien ofrecen la posibilidad de tomar medidas rápidamente para resguardar a la población, también ofrecen la oportunidad de tomar medidas represivas e inconstitucionales que se deben acatar mientras estén vigentes.
La tentación de extralimitarse, aun cuando se aleguen buenas intenciones para hacerlo, es aún mayor cuando el gobernante cree tener la razón acerca de muchos y variados temas pues se siente respaldado por una corriente de pensamiento que le ofrece un marco conceptual con una aparente estructura lógica. Esto resulta ser cierto para cualquier corriente política o de pensamiento, pero es contrario al ejercicio de la democracia, sistema en el cual se deben contrastar las ideas y buscar consensos de ser posible.
Entre las medidas que ya son objeto de cuestionamientos está la delegación de funciones a autoridades regionales, tal vez con el ánimo de delegar también las responsabilidades, la creación de impuestos discriminatorios y la discutible presencia y actividad de militares extranjeros en el país.
Afortunadamente, tanto el poder legislativo como el judicial están comenzando a revisar todas las actuaciones del gobierno que se amparan en la declaratoria de Emergencia Económica lo cual, a su vez, comienza a restringir el empoderamiento injustificado que se observa en funcionarios desde los más altos cargos hasta los más humildes servidores.
Me queda la esperanza de que el gobierno colombiano acate el fallo en el entendimiento de que los principales interesados en nuestra salud somos nosotros, los adultos mayores, y que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones y de gozar de los derechos que nos otorga la Constitución.
Paul Weiss Salas
Experto en inversiones bursátiles
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