Hace algunas semanas el Ministerio de Comercio Exterior promulgó una reforma arancelaria que va a traer consigo una difícil coyuntura para la industria colombiana. A pesar de que el ministro de Industria y Comercio, Sergio Diaz-Granados, afirmara que esta reforma, contenida en el Decreto 4114, sólo aplicaría a bienes de capital y materias primas no producidas localmente y que además generaría unos 150 mil empleos nuevos, la realidad es bien distinta.
Dentro de las 4 mil partidas arancelarias incluidas en el mencionado decreto, están cientos de productos terminados que se producen en Colombia, poniendo en entredicho sectores industriales y grandes generadores de empleo como el metalmecánico, siderúrgico, textiles, plásticos, papel, confecciones, cueros y calzado, entre otros.
Aunque la medida le permitirá a Colombia acercarse a los parámetros exigidos para ingresar a grupos como el Apec y la Oecd, no tuvo en cuenta la profundidad del impacto que estas reducciones arancelarias tendrán para la industria nacional.
Al reducir el costo de las importaciones de productos intermedios y finales, el Gobierno incentivará las importaciones, lo cual representa una amenaza a la producción nacional y a cientos de miles de empleos calificados. Adicionalmente, se desincentivará las nuevas inversiones en la industria nacional e irá aumentando nuestra dependencia de actividades extractivas como el carbón, el petróleo y minerales.
La competitividad de la industria nacional resultará seriamente comprometida, debido a que no cuenta con, los mecanismos internos que priorizan y estimulan la creación de cadenas de valor en el abastecimiento de los sectores claves de su economía.
También implica una mayor desprotección y vulnerabilidad frente al comercio desleal de países como China, cuyos productos industriales, en condiciones de dumping y subsidiados fuertemente por los estados, inundarán el mercado nacional, acabando con el empleo local.
La limitada infraestructura, en comparación con la del productor externo, la ausencia de subsidios, moneda común en China, la regulación de fletes, los distintos cargos a la energía, la limitación en financiación y en disponibilidad de medios de transporte, entre otros, ponen a nuestra industria a defenderse de los chinos con las manos amarradas a la espalda. Se sabe de antemano quién perderá y cuántos empleos desaparecerán.
La industria colombiana juega un papel primordial en el desarrollo del país y debe ser una de las locomotoras en la generación de empleo del actual Gobierno. Los empresarios no tememos a la apertura.Es necesaria, pero debe hacerse de tal manera que se promueva el desarrollo industrial interno a la vez que se abra el mercado a otros países. En ese sentido, Brasil es un interesante caso a seguir, donde se ha logrado implementar un modelo que conjuga la apertura con el desarrollo industrial, y en el cual se toma en cuenta que China no es una economía de mercado y no juega con las mismas reglas del comercio internacional.
El Gobierno Nacional debe reconsiderar el Decreto 4114 y analizar detenidamente el efecto real que este tendrá sobre sectores que, como el metalmecánico y siderúrgico, generan más de 100 mil empleos directos y que son hoy fuente de desarrollo y bienestar. Entendemos que todos debemos aportar al desarrollo de Colombia y estamos más que dispuestos a apoyar las iniciativas gubernamentales en este sentido.
Sin embargo, no podemos poner en riesgo miles de empleos o la gran cantidad de recursos que las distintas empresas pensaban en invertir para ampliar su capacidad productiva y que ahora lo están reconsiderando. El futuro de un eslabón económico tan importante como lo es la industria está en manos del Gobierno. Las medidas adoptadas hoy la condenan a una rápida extinción, pero aún están a tiempo de ser corregidas.
