Los humildes mortales estamos a favor de la justicia: nada hay más importante para un ciudadano desarmado que los jueces. Veneramos su sagrada función, pero dicho eso, una cosa son las instituciones, los códigos, las garantías procesales; y otra, los engranajes de la judicatura. La 'majestad' de la justicia concierne a lo primero, no necesariamente a lo segundo.
Entre la fronda de las altas cortes hay quienes jugaron a bloquear las iniciativas de los otros poderes tras pesadas cortinas hermenéuticas y livianas razones de derecho, obedeciendo más a su ideología o sus fobias que al bien jurídico. Muchos acostumbran filtrar a confidentes de los medios el contenido de fallos y salvamentos de voto, contraviniendo la ley y jugándole quién sabe a qué.
Todos constatamos con pena ajena el lenguaje camorrista con que llegaron a expresarse ciertos dignatarios, en eso que los cándidos llaman 'choques de trenes'. Peor es que la colegiatura se defienda en bloque aduciendo la majestad de sus fueros, sin siquiera tomar distancia de lo que pudo ser o no ser cuando alguien acusó a alguno de sus miembros, o cuando se conoce la laxitud con que concurren en masa a fiestas y homenajes. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a eso y a mucho más, por un desmedido temor reverencial.
Obviamente, no se debe terciar en decisiones que nos afecten y menos se trata de jugarle a alguno de los protagonistas en cada encontrón, porque es bien claro que los poderes -todos- necesitan contrapesos, empezando por el ejecutivo. Pero las cortes también los necesitan, más si al lado de magistrados probos y sabios toman asiento otros ligeros de juicio -no hablo de juicios con expediente, sino de buen juicio-, sumándole peligros gravísimos a un país ya tan emproblemado. En primer lugar, si se acepta la teoría de que los jueces también legislan cuando crean doctrina y normatividad implícita, uno se pregunta entonces cómo se legitima el poder jurisdiccional en el Estado Social de Derecho.
Presidente y legisladores se someten a procesos eleccionarios democráticos y pasan por las horcas caudinas cada vez que alguno mete la pata, con revocatoria de mandato o pérdida de investidura. ¿Cómo es que en el poder judicial, legislador ad-hoc, unos cuantos magistrados que se eligen entre sí después de infinitas maromas, bloquean a los demás poderes desde su íntimo cubículo, resuelven por sí solos qué es legal y qué no, hacen inexequibles actos constitucionales, leyes y decretos, modifican la jurisprudencia sin mayor explicación y se dan el lujo de poner palos en la rueda a tirios y troyanos o entre las mismas cortes, sin ningún control social ni político?
Paso a un testimonio: cuando mi padre fue magistrado hace más de medio siglo, dejó de militar como fiel conservador y canceló toda clase de cocteles y encuentros de colegas. Jamás aceptó homenajes ni regalos, y nunca viajó por cuenta de alguien conocido o desconocido a ningún certamen social ni académico.
¿Era un santo mi papá? No, eso es absolutamente normal en todo juez que se respete. Hoy los altos magistrados se la pasan reunidos en su propia oficina o en lujosos restaurantes con litigantes y políticos, asisten a inagotables sesiones para examinar candidatos a esto o aquello, dan clases por doquier y aceptan invitaciones dentro y fuera del país sin saberse a cuenta de qué o quién, todo eso sin siquiera preocuparse por tener su despacho al día. Mientras tanto, las sentencias salen del computador de un auxiliar, sin el calibre que se presume del fallador nominal.
El país espera que la rapidísima severidad con que la Corte procedió de oficio contra los parlamentarios sospechosos de cohecho, se muestre -así sea más despacio- respecto de actuaciones igual de cuestionables, que son públicas y comprometen a varios magistrados. Ellos pueden tener toga, pero no corona.
Mauricio Reina
Investigador asociado de Fedesarrollo
