La capacidad que tienen los colombianos para trivializar graves hechos quedó demostrada esta semana, cuando la política de Agro Ingreso Seguro (AIS) quedó reducida a la telenovela Valerie-Juan Manuel. Amor, compromiso, matrimonio, violencia de pareja y negocios ocuparon el tiempo de periodistas y ciudadanos. La mujer autónoma en todo, menos en el manejo de su vida emocional, y el hombre que usa a su pareja, así vaya a ser “la madre de sus hijos”, quedaron en evidencia ante los ojos sorprendidos del país.
Independientemente del fallo final de este juicio, varias reflexiones se han hecho: la primera, que la equidad de género es una fantasía en Colombia por culpa de hombres y mujeres; segundo, que el poder de las familias notables sigue siendo casi infinito; tercero, que la ética y, en especial la pública, está en pañales, y cuarto, que a las mujeres colombianas nos queda un largo trecho por recorrer para vencer los valores patriarcales.
Pero, probablemente, lo más importante es que se ha hecho énfasis en que este debate melodramático no puede ocultar la perversa política de AIS, y los hechos oscuros que se dieron y no han sido suficientemente esclarecidos.
Es fundamental, recordar con cifras por qué esta política tiene en la cárcel a un exministro de Agricultura y a muchos funcionarios condenados o en entre dicho, y, sin embargo, parece que solo Valerie, aparece como la mala del paseo, cuando muchos deberían estar sometidos al escarnio público.
Algunas cifras para refrescar la memoria.
AIS fue una política claramente alejada de la realidad económica y social de la gran mayoría del país. Su obsesión fue la competitividad y no la equidad: del 85% de los recursos públicos que se le asignaron a este programa, 48% fueron para la competitividad, 16% para adecuación de tierras, 10% para ciencia y tecnología y 9% para apoyos directos.
El tema de equidad solo recibe el 15% de los recursos ejecutados: 6% para acceso a tierras y 6% para subsidios de vivienda.
No se trató de incentivar la golpeada economía campesina, sino aumentar el potencial exportador de la agricultura comercial.
Contraria a la política actual, la tierra no valía.
Lo importante era el financiamiento que absorbió casi la mitad de los recursos. Para los campesinos, indígenas, y, en general, pobres del campo, solo se le daban migajas.
No existía, según este programa, el tema de la distribución de la tierra, 3,5% de los recursos. En el documento citado queda claro cómo la participación del pequeño productor decreció en el programa, mientras los grandes y medianos, que también son grandes, terminaron absorbiendo el 83% de estos recursos.
Aunque AIS nace por la Ley 1133 de 2007 para “proteger los ingresos de los productores que resulten afectados (…) con ocasión de la internacionalización de la economía, su verdadera motivación fue calmar a los grandes empresarios agrícolas frente al TLC con EE.UU., pero se abandonó a los verdaderos perdedores, los pequeños campesinos.
Con razón la SAC ha hecho mutis por el foro. En la línea especial de crédito, el 92% de los beneficiarios fueron pequeños productores, como dice el exministro Arias.
Pero lo que no cuenta es que ellos recibieron el 27% de los recursos, mientras que los medianos y grandes se quedaron con el 73% de esos créditos.
Así, el pequeño campesino recibió en promedio 5 millones de crédito y los grandes recibieron 2.125 millones, cada uno. Muy equitativo, ¿verdad? Esto se repite en todas las modalidades.
Y si quieren más, para asistencia técnica, los productores individuales en el 2008 recibieron el 0,1% de los recursos; las asociaciones y cooperativas, el 3,2%, y los gremios nacionales, el 96%.
Con razón estaban felices, porque ¿no era para eso parte de sus fondos parafiscales financiados con recursos públicos?
Pero el escándalo mayor es el de riego y drenaje, créditos no reembolsables a través de convocatorias públicas con requisitos imposibles de cumplir por campesinos pobres.
Y aquí está el escándalo: en el 2007, de las 6.975 familias que solicitaron estos apoyos, solo 20 familias del Magdalena obtuvieron 7.239 millones, mientras que 4.489 familias de Boyacá solicitaron 4.550 millones.
¿Qué tal la equidad? Al Magdalena, donde estalló el escándalo, se le asignó en una de las convocatorias el 20,3% de los dineros que terminaron en 150 familias, en tanto que en Boyacá, 36 familias percibieron 6.731 millones. Nunca, el sector agropecuario había recibido tal cantidad de recursos para inversión (Ver gráfica), pero ¿qué se hicieron esos recursos?
No recuperaron el campo. ¿Si el grueso de estos recursos fue a los ricos que son los más eficientes, que pudo haber pasado? La respuesta permitirá concluir que no solo se le dio la plata a quien no tocaba, sino que no sirvió para reactivar a un sector clave, que sigue estancado.
¿A dónde se fueron entonces esos fondos públicos?
Una conclusión poco difundida es la siguiente: no hubo proyectos nuevos, sencillamente, los productores ricos del campo refinanciaron a menor costo sus proyectos viejos.
No se generó empleo rural decente, porque la informalidad sigue en el 70%. Por consiguiente, y esto es lo verdaderamente vergonzoso, con nuestros impuestos les llenamos los bolsillos a productores ricos en una suma cercana a los 25 mil millones de pesos. ¿No les parece suficientemente perverso como para que se reduzca a una telenovela?.
Cecilia López Montaño
Exministra de Agricultura