Siguieron lloviendo ríos de tinta acerca de la educación. La Fundación Compartir presentó el estudio ‘Tras la excelencia docente: cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos’, coordinado por el exministro Guillermo Perry y asesorado por Michael Fullan, y que fue ‘adoptado’ por el presidente Santos con la grandilocuente frase “Colombia debe ser la nación más educada de América Latina en el año 2025”.
En Cartagena se realizó otro foro sobre educación, con la sugestiva e imperativa frase ‘Desafíos de la educación: ahora o nunca’, esta vez con Shakira y Luis Alberto Moreno a bordo.
Los ríos de tinta han dado para una pequeña controversia entre la enjundiosa analista del sector, Yolanda Reyes, y el senador Juan Manuel Galán acerca del Proyecto Educativo Institucional que debe tener cada centro de formación del país, pública o privada.
No pude asistir a la presentación del estudio de la Fundación Compartir, pero lamento, con Yolanda Reyes, que haya habido más vedettes de la política y burócratas que maestros en dicha presentación. ¿Con quién vamos a transformar la educación? ¿Con los educadores o los políticos?
En este espacio he criticado la preparación de los docentes de provincia, mas no a ellos. No es fácil ser maestro rural, con los bajos sueldos del sector y los riesgos que conlleva la convivencia en esa otra Colombia, que los señores de escritorio del DNP y el MEN no conocen.
Docentes mal preparados, sí, pero quijotes de la alfabetización, que en zonas apartadas y peligrosas, en aulas con tableros y tiza, en las cuales todavía no conocen un computador, logran el cometido de llevar un poco de patria y luz a los cerebros y corazones de tantos niños, alejándolos de las garras de las guerrillas y el narcotráfico.
¿Cuántos senadores y representantes que andan a la caza de votos han pensado en esos educadores cuando trafican con los recursos de la educación?
Juan David Aristizábal, uno de los jóvenes más sobresalientes de nuestro país, según Forbes, está liderando una iniciativa, a la que nos sumamos, invitando a firmar un Pacto por la Educación (http://bit.ly/1fgq6Vl), que arranca pidiendo que la educación sea considerada prioridad nacional y convertir una reforma a esta en una política de Estado que trascienda los gobiernos.
Una reforma a la educación tiene que pensar cómo mejorar e integrar los programas de ‘educación para el trabajo y el desarrollo humano’ con los programas del Sena y con validez de créditos para formación por ciclos propedéuticos.
Es increíble que hoy los egresados del Sena y de los miles de institutos de educación no formal no puedan validar sus estudios para el sistema universitario tradicional. Creo que pesa, aún, el síndrome de la ‘doctoritis’ en eso; los técnicos y tecnólogos siguen siendo mirados como profesionales de segunda.
¿Por qué no atreverse a pensar que muchos de esos programas pueden ser un grado 12? ¿Que puedan articularse con programas técnicos, tecnológicos y universitarios? Sería permitir que nuestros jóvenes salgan de la educación media con un oficio que les permita ‘enchufarse’ en el mundo laboral. Algo que no logran actualmente.
En el 2012 escribimos que se necesita otro proyecto inteligente que permita incrementar el numero de colombianos con certificaciones profesionales en software y contribuir al desarrollo de esta industria colombiana. Un artículo reciente de El Tiempo nos da la razón, una vez más (http://bit.ly/1ghq1B6).
El país necesita más técnicos y tecnólogos que doctores.
La productividad industrial lleva dos años de capa caída, y aún no damos el salto a nuevos sectores. ¿Por qué el Programa de Transformación Productiva (PTP) no es elevado a la categoría de ministerio o al menos viceministerio?
¿Por qué el PTP no se articula con el Sena y con los institutos de ‘educación para el trabajo y el desarrollo humano’?
Entre las reformas que necesita el sector está incluir mayores responsabilidades de los entes territoriales en lo que tiene que ver con la educación superior pública. Por ejemplo, la Universidad Popular del Cesar (UPC) tiene su sede y domicilio principal en Valledupar, pero solo el Gobernador, por ley, tiene asiento en el Consejo Superior Universitario.
No obstante, el municipio favorece a la UPC con muchas exenciones y otros beneficios.
Las capitales en las que haya una universidad pública del orden nacional deberían contar con un asiento en el CSU y comprometerse más con el desarrollo de la institución universitaria, con asiento en la ciudad.
En fin, hay suficiente ilustración. Es ahora o nunca.
Nicola Stornelli García
Gestor del Puerto Digital de Valledupar y Cesar Digital
