No es una coincidencia que el último informe sobre competitividad haya colocado la tributación empresarial como el más grave problema que enfrenta el desarrollo económico del país en este momento.
De la misma manera, el excelente estudio que la Andi presentó en su última Asamblea anual, da cuenta –de acuerdo con una amplia muestra que elaboró esta asociación de industriales– que la tributación empresarial está bordeando el 65 por ciento en Colombia, uno de los más altos del mundo.
Estos indicadores son el reflejo de la que pasará a la historia probablemente como la reforma tributaria más improvisada y cortoplacista que se haya tramitado en muchos años: la del 2014. Primó el facilismo y la precipitud contra mil voces de alerta que se formularon, oportunamente, al Gobierno, pero que este desoyó.
La reforma del 2014 no sirvió, sin embargo, para mejorar los recaudos del fisco nacional. Estos siguen siendo reducidos, y la baja del precio del petróleo contribuyó a agravar las cosas. Según Fedesarrollo, el déficit de las cuentas públicas bordeará el año entrante un peligroso nivel del 4,5 por ciento del PIB. El ritmo de endeudamiento en el que se ha tenido que comprometer el Gobierno Nacional para financiar este déficit, últimamente, es altísimo, al amparo de una flexible interpretación de la regla fiscal que se viene dando.
Pero el déficit efectivo es, en la práctica, mucho mayor si se tiene en cuenta que vienen pierna arriba muchos gastos que ni siquiera están presupuestados en la vigencia del 2016. Tal es el caso de los que habrá que hacer para atender el agobiante faltante que exhibe el sistema de salud que está haciendo agua por todas partes, y que, según el Ministro de Salud, se aproxima a los cuatro billones anuales. Y, naturalmente, los asociados al posconflicto, para los cuales no hay nada presupuestado para el año entrante. Pero que si se firma la paz, en marzo, empezarán a marcar en los taxímetros de los gastos públicos a partir del 2016.
Según estudios que recientemente hizo Fedesarrollo para la Misión Rural, el gasto incremental que será necesario poner en marcha para hacer realidad un ambicioso programa de desarrollo rural, con enfoque territorial (similar al que está convenido en el punto numero uno de la agenda de La Habana, ya negociado) no valdrá menos de 0,6 por ciento del PIB.
Es decir, cinco billones de pesos anuales que tampoco están presupuestados por parte alguna.
Después de muchos titubeos, el Ministro de Hacienda anunció que el año entrante presentará, por fin, la famosa reforma tributaria integral de la que tanto se viene hablando desde hace meses.
Una primera pregunta que es válido formular es si –siendo tan delicada la situación fiscal del país– esta reforma no será tardía. Recuérdese que en lo que no tenga que ver con el IVA, las nuevas normas tributarias que se establezcan solamente tendrán efectividad a partir del 2017.
La segunda pregunta, no menos válida, es si el Gobierno hará gala de la gigantesca determinación política que requerirá tramitar una reforma tributaria no solo integral, sino muy dura, que permita realmente aumentar el nivel del recaudo como se necesita, apremiantemente, en la coyuntura actual.
La comisión de expertos que se designó ha venido trabajando con juicio y gran independencia. Su informe final debe estar listo al término de este año. Otras entidades como la Ocde también han presentado sus recetas. Habrá, pues, un buen arsenal de iniciativas sobre la mesa para nutrir lo que habrá de ser el contenido de la reforma tributaria integral que se le presentará al Congreso en el 2016.
Pero no es difícil anticipar que el contenido de estas propuestas incluirá un conjunto de proposiciones, que para volverse realidad va a requerir una formidable voluntad política de parte del Gobierno, que, por supuesto, no dejarán satisfecho a todo el mundo y pisarán muchos callos.
Entre las propuestas técnicas que estarán sobre la mesa pueden anticiparse las siguientes: más IVA, más tributación a las personas naturales y menor a las empresas, impuestos a los dividendos, apretón a las entidades sin ánimo de lucro, entre otras. Este tipo de propuestas, aunque defensables, desde el punto de vista técnico, no serán de fácil digestión entre la opinión pública, a no ser que medie una decisión política de hierro por parte del Gobierno. Para explicarlas primero e imponerlas después.
¿Existirá esa voluntad política de hierro? Tal es la gran pregunta fiscal que queda flotando para el 2016.
Juan Camilo Restrepo
Exministro de Agricultura
