Los resultados registrados en los primeros meses del año muestran que la situación del mercado laboral en Colombia mejora pero no alienta. Si bien en febrero de 2015 por fin la tasa de desempleo se situó en un dígito (9,8 %), el informe presentado por el DANE también deja notar que en nueve años esa tasa ha descendido en apenas 4 puntos porcentuales, comparando el trimestre diciembre–febrero de 2006 con el de 2015, y en el último año cae 0,6 %.
Aunque establecer los efectos de las contingencias del sector externo sobre el empleo es un asunto muy complicado, tiene sentido considerar algunos elementos. En período reciente la mayor contribución al crecimiento del empleo está siendo producida por el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, el que sin embargo aporta no más del 12 % al empleo nacional. El dinamismo de este sector, típicamente considerado como de muy baja incidencia del sector externo, está impulsado por el vertiginoso crecimiento de los precios inmobiliarios y no parece tener un efecto significativo sobre el empleo en la construcción, pues el aumento en este ramo fue de 0,2 % en un año. Dado que el sector de la construcción si puede recibir los efectos de la devaluación a través de su componente importado es de esperarse que su ayuda al ascenso de la tasa de ocupación sea reducida. Por su parte, un sector con alta participación de ocupados como el de comercio, restaurantes y hoteles (30 %), que cooperó en la tasa de ocupación tanto como la construcción, puede verse beneficiado con la devaluación; sin embargo, es también un sector caracterizado por la alta informalidad (más de un tercio de sus ocupados).
Frente a los retos que se propuso el gobierno anterior -generación de empleo, reducción de la informalidad, mejora en el bienestar de la fuerza laboral y transformación en el mercado laboral- y que figuran en el actual Plan de Desarrollo, Todos por un mismo país, los magros resultados le permiten decir al gobierno que está cumpliendo, pero claramente las estrategias diseñadas no tienen la contundencia necesaria para quebrar las tendencias que pretende combatir. El gobierno sitúa las estrategias en el fortalecimiento institucional, la reorganización del marco normativo, los sistemas de información y monitoreo en el mercado laboral, así como en la creación de programas de apoyo (jóvenes en acción, emprendimientos, teletrabajo, etc.) fundados en la focalización y, en consecuencia, con alcances muy limitados. Valga señalar aquí que la disminución de los precios del petróleo induce la reorganización del presupuesto y por este camino la posible restricción de recursos destinados a ese tipo de programas.
Esa organización de la política laboral responde a una mirada dual en la que por una parte, en el marco de la promoción de la competitividad, se estimula el incremento del capital humano y por otra se generan paliativos para los trabajadores que no quedan articulados a ese ámbito. Con las cifras del mercado laboral presentadas por el DANE no se concluye que la política de competitividad esté contribuyendo significativamente al aumento del empleo y a la disminución de la informalidad. El tema es interesante porque mientras el crecimiento del PIB está alrededor de 4% el desempleo cae 0,6%, en esas condiciones ¿cuál debería ser el crecimiento del PIB para tener pleno empleo?
Salta a la vista que diseñar políticas considerando el empleo como un derivado “lógico” del crecimiento económico centrado en la gran empresa no se adecúa a las condiciones nacionales. Si bien en sus enunciados de política el gobierno insiste en el apoyo a pequeñas y medianas empresas (industriales, agrícolas y comerciales) los recursos que se les destinan constituyen una mínima parte de aquellos que se orientan a fortalecer institucional, jurídica y financieramente las grandes empresas. La gran dificultad –aparte de lo inequitativo del sistema- es que el mercado laboral muestra que más de la mitad del empleo en el país se genera en pequeñas unidades empresariales, con solo el grupo de los trabajadores por cuenta propia se abarca el 40.5% de la población ocupada urbana. Esta circunstancia induce a pensar que la política empresarial debería cobijar de forma similar a las unidades de distinto tamaño de capital y no minusvalorar los aportes de las medianas y pequeñas, y en este ámbito sin duda un reto nuclear es la democratización del crédito.
Decsi Arévalo H.
Ph.D. Ciencias Económicas
Investigadora Grupo de Protección Social
Profesora Universidad de Los Andes
