Hoy se respira un aire distinto gracias, tanto al discurso de Juan Manuel Santos, como por las palabras amables y conciliadoras de Óscar Iván Zuluaga. Ganó la paz, en gran parte, porque, de manera espontánea entre la primera y la segunda vuelta, se creó una nueva coalición política de centroizquierda y de izquierda que apoyó este propósito, lo que plantea otro mapa político.
En esa nueva realidad, se ha creado el ambiente para que la sociedad colombiana se una alrededor de un proyecto país: la paz, y por ende, la democracia.
De consolidarse un proyecto nacional, serán muchos los cambios que se tendrían que hacer para que este plan no solo tenga éxito, sino sea sostenible y cree una sociedad colombiana más equitativa, incluyente, solidaria, y, sobre todo, reconciliada.
Es evidente, al mirar la historia reciente del país, que los gremios que agrupan a los grandes y –en menor medida– pequeños productores, seguirán jugando un papel fundamental en la política económica al igual que en las grandes decisiones nacionales.
Por ello, es fundamental entender sus prioridades y la forma como ven la sociedad colombiana.
En la última semana, probablemente ante el nuevo periodo presidencial, han decidido tomar decisiones importantes, resumidas en el mensaje expresado por ellos que afirma lo siguiente: “(le) hablarán más duro al Gobierno, al Congreso, a la rama jurisdiccional y a la sociedad en general con el fin de fijar posiciones muy concretas y unificadas sobre varios aspectos de la vida nacional”.
No es una declaración de guerra, pero sí suena muy imperial, por decir lo menos. Fundamental, entonces, analizar, en primer lugar, los principios que han definido como guía de su carta de navegación y las posteriores demandas a la nueva administración.
Los principios enunciados, que se asimilan a los ‘siete mandamientos’, son los siguientes: 1. Seguridad y paz; 2. Coordinación institucional; 3. Seguridad jurídica; 4. Libre empresa y propiedad privada; 5. Competencia y corrupción; 6. Estado transparente y eficiente, y 7. Responsabilidad empresarial.
Sin duda, son principios fundamentales, pero parecen estar dirigidos a una de esas pocas sociedades que quedan en este capitalismo del siglo XXI, en las cuales hay un cierto grado de equidad más no para Colombia, uno de los países más desiguales del planeta.
Al empezar a analizarlos, la palabra colombianos solo aparece una vez y es cuando se refieren a seguridad y paz: “Se piden mayores garantías para la integridad física de los colombianos”.
Pero eso sí: “Los empresarios acogen la paz como un derecho constitucional”.
No obstante, los seis restantes demuestran claramente su percepción de no ser un sector que, precisamente por representar a los más poderosos, tenga la más mínima responsabilidad con la ‘gente’, con esos millones de colombianos que sufren de salarios bajos, con la informalidad laboral que abunda en las empresas formales, y tampoco con la evasión de cargas tributarias que desfinancian al Estado.
Obviamente, estos principios generales, en caso de cumplirse, beneficiarían al país, pero todo está enfocado a los negocios, o más precisamente a garantizar que el Gobierno y el Estado no serán un estorbo para su actividades. Ingenuamente, pensé que el punto siete, responsabilidad empresarial, iba a tener esa gota de generosidad que con frecuencia pregonan. Pero no, lo que reclaman es que se les reconozca su institucionalidad –como si no tuvieran más poder del deseable algunas veces–, y se les respete su autonomía.
Estos planteamientos gremiales se dieron en momentos en los cuales el país vivía un clima de alta tensión.
La pregunta es, ahora que se abren puertas de reconciliación, y ante la nueva realidad de la política colombiana, ¿no valdría la pena seguir algunos lineamientos de los planteados por el presidente Santos en el sentido de que se reformará lo que haya que reformar y la paz se buscará con justicia social? Y de paso un interrogante: ¿en todos los países estas agremiaciones de grandes productores tienen tanto poder como en Colombia?
Con razón en nuestro país baja la pobreza, pero no mejora la distribución de ingreso como sucedió entre el 2012 y el 2013, de acuerdo a las cifras del Dane. Más aún, la desigualdad aumentó en las ciudades, donde, sin duda, viven los grupos de más altos ingresos.
Partiendo de que esta sociedad es todavía muy religiosa, especialmente en sectores de altos ingresos, sería interesante que escucharan al papa Francisco, quien todos los días y en todas partes se queja de la forma como se produce la riqueza en este mundo.
El cambio de modelo que debería darse para que los beneficios se distribuyan de manera más equitativa, no es solo tarea del Gobierno de turno, sino de todos los colombianos, especialmente de aquellos que han tenido la fortuna de nacer en cuna de oro o de llegar a esos niveles –por sus méritos, sin duda–, pero donde a veces se les olvida su origen.
Es de esperar que ante las nuevas circunstancias, nuestros dirigentes gremiales tengan mayor sensibilidad hacia los problemas del 30 por ciento de pobres, del 36 por ciento de vulnerables y hacia esa clase media que trata de salir adelante en condiciones difíciles.
Ellos también son su responsabilidad, estimados señores y señoras del pomposo Consejo Gremial Nacional.
Cecilia López Montaño
Exministra – Exsenadora
