Análisis / El ‘tierrero’ de la tierra

La regulación es uno de los recursos que tiene la sociedad para que sus intereses sean considerados en las grandes decisiones que los afectan.

Redacción Portafolio
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febrero 28 de 2012
2012-02-28 06:20 a.m.

No se trata de hablar sobre ‘Los tierreros’, denunciados por el Alcalde de Bogotá. Lo que se busca es ponerle un título coloquial a lo que está sucediendo con las leyes que se refieren a la tierra rural y que realmente han convertido el tema en un físico ‘tierrero’. Esto es particularmente serio en momentos en que se ha puesto el tema rural en la agenda del actual Gobierno, vinculado a desplazamiento, víctimas, concentración de tierras y desarrollo rural.

La regulación es uno de los recursos que tiene la sociedad para que sus intereses sean considerados en las grandes decisiones que los afectan. No obstante, Colombia, un Estado Social de Derecho, parece haber llegado al límite en la cantidad de normas, pero con muy bajo ordenamiento, al punto que la exuberancia legal obstaculiza su aplicación. Esto es cierto en el tema de la tierra rural, en el cual la normatividad es conflictiva.

Respecto a la proliferación de leyes y de proyectos de ley, hay una especie de sancocho costeño, por la cantidad de ingredientes. No se ha estudiado cuánto se complementan y cuánto se duplican o se superponen la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Víctimas, a Ley de Regalías, la Ley del PND y el Proyecto de Ley de Desarrollo Rural. Todas, directa o indirectamente, se refieren a la tierra rural. Para que no se pierda este gran esfuerzo es necesario que se planteen los conflictos que tienen lugar por la incompatibilidad entre normas relacionadas con la misma materia, en cuyo diseño se ha fallado en tres aspectos:
1. Sustituir el modelo de desarrollo y la definición de política pública por leyes con carácter remedial, sin revisar la realidad donde se hará la implementación. No se parte de la política para esta zona del país. La política no se puede definir en una ley, sino que son decisiones de gobierno que después, cuando se requiera, se sustenta con las normas necesarias.

Con este procedimiento, primero la ley y después la política, los problemas se adaptan a cada ley, en lugar de solucionarlos. Como no se ha fijado el norte, el diseño legal hace segmentación temática, lo que multiplica las leyes. Todos los temas de las diversas leyes aprobadas o en curso, son piezas de una misma realidad territorial, que bien organizada podría constituir una gran ley con capítulos coherentes para ser interpretada y aplicada en cada escenario regional. Detrás de cada ley, se conforma el aparato burocrático que se encargará de crear los pasos o eslabones que la sociedad deberá atender su cumplimiento respectivo.

El resultado es la segmentación del mercado de apoyos y subsidios. La franja de rentistas crece, estas son personas naturales u ONG que se estudian cada ley, los reglamentos, estandarizan para cada región la interpretación, los formatos de acceso y empiezan a asumir la intermediación entre la sociedad y el Estado. Estos expertos en adecuar la demanda de servicios a los textos legales, es decir, multiplicadores de los reclamos al Estado por la vía gubernativa, tutelas, y demás. El desorden legal abre innumerables ventanillas para sumar exigencias al Estado. Y la mitad de los recursos públicos, cuando no más, se queda en esos ‘intermediarios’.

2. En 79 años, 1936-2011, la legislación para la tierra rural tiene trece leyes, una cada seis años. Si a esto se le descuentan dos años de discusión y dos de reglamentación, que frenan ejecuciones de cada una de ellas, es obvio que en materia de tierra rural, no se han tenido las normas disponibles. Queda pendiente el entramado reglamentario que se construye alrededor de cada norma: a cada ley de tierras le corresponden entre 8 a 10 decretos reglamentarios, aproximadamente 12 a 15 acuerdos de los consejos directivos, y súmenle el criterio de cada institución que se expresa por la vía de las resoluciones operativas, los manuales y los requisitos en ventanilla. Esta maraña normativa condena las leyes a su violación.

¿Hasta dónde este entramado modifica o desvirtúa los objetivos de una ley? Los residuos de todo el desorden son los que le aplican al ciudadano común, con bajos índices de educación, quien además por su pobreza extrema se ve condenado a recibir los saldos después de satisfacer a todos los que participan y ganan de la segmentación mencionada.

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO
EXMINISTRA DE AGRICUTURA Y EXSENADORA

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