En un estudio técnico elaborado para el DNP (disponible en Roda (2015: 50) se encuentra que las Olas 1, 2 y 3 de autopistas estructuradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tienen una relación beneficio/costo promedio de 1.44. Roda (2015: 51) estima además que el valor presente de los beneficios de las autopistas 4G es de $58 billones y, que si se agrega un conjunto de obras que descongestione tramos de la red vial en el corto y mediano plazo, los beneficios adicionales tendrían un valor presente de $22 billones.
Juan Blyde (2013), en su estudio sobre el impacto de los costos de transporte sobre el comercio exterior en Colombia con datos municipales, encuentra que una reducción de 1 % en el costo ad valórem del transporte de exportación en Colombia aumentaría las exportaciones agrícolas en 7.9 %, las exportaciones manufactureras en 7.8 %, y las exportaciones mineras en 5.9 %. Blyde también concluye que, si llevaran las redes en actual estado regular o malo, al estado bueno o muy bueno, algunos departamentos aumentarían sus exportaciones en porcentajes superiores al 4 % (Boyacá, Nariño, Guaviare, Chocó, Cauca y Arauca).
Estos resultados comprueban empíricamente dos intuiciones: (i) el gran beneficio macroeconómico que se puede lograr por salir del retraso generalizado en vías modernas; (ii) la contribución a reducir la brecha entre regiones pobres y aisladas, y regiones más ricas.
Los adversarios de la venta de Isagén presentan tres tipos de argumentos, todos profundamente equivocados. El primer tipo de argumento se refiere al funcionamiento del sector eléctrico. Hace 20 años se reformó al sector, con avances importantes sobre la cobertura, la calidad del servicio y la sostenibilidad financiera de las empresas. Se creó un mercado de generación que forma un precio en competencia, que puede reflejar los fundamentales de la generación. El estado central ya no es responsable de invertir en la expansión, lo que genera estabilidad fiscal y libera recursos para inversiones en sectores de alta rentabilidad social.
La afirmación de que Isagén sirve para moderar el precio en la bolsa de electricidad viene acompañada de inmediato por la mención, con cifras improvisadas, de que Isagén no se debe vender porque es muy rentable (privadamente).
Estos comentarios son oximorónicos, pues exigen que una compañía de carácter público debe deprimir los precios del mercado y, al tiempo, generar bastante caja para el Estado.
El modelo mental detrás de estos planteamientos, de implantarse, echaría a perder los avances económicos e institucionales en energía de las últimas dos décadas. Y expropiaría las inversiones efectuadas.
El segundo grupo de argumentos se refiere al efecto de cambio de manos de Isagén si pasara del sector público al sector privado, alegando que se incurrirá en “detrimento patrimonial” ¿Significa esto que la planta se venderá a un valor inferior al establecido con un modelo juicioso de flujo de caja descontado? Esto sucedería solo si la subasta de venta tuviera baja competencia y no existiera un precio base.
La experiencia reciente muestra que el Estado más bien se ha movido en la dirección contraria con la determinación de un precio base inicial muy alto, con lo que firmas colombianas interesadas en adquirir a Isagén –incluso una generadora de propiedad mixta– manifestaron su decisión de no seguir en el proceso el año pasado.
¿Será que el comprador, público o privado asumiría una estrategia competitiva mejor que la actual en el mercado mayorista de electricidad y no paga por ello? Es difícil sacarle valor adicional a los activos –Isagén compite muy bien y le saca provecho a sus plantas. Pero si así fuera y esto se lograra dentro de las reglas, el comprador merecería estos ingresos adicionales, no el vendedor.
Finalmente, viene el enredo mental de los que sienten que transformar un activo en otro es problemático per se. Lo relevante es recibir un buen precio y usar la plata en inversiones de mayor rentabilidad social. Una subasta bien diseñada capturaría el valor y las sinergias de los activos de Isagén, materializados, tanto por la actitud empresarial de esta compañía, como por la existencia de una institucionalidad sectorial sólida.
En cuanto a los usos de estos recursos, el sector transporte empezó un proceso de cambio desde el 2010, que incluyó la eliminación del ineficaz Inco y su reemplazo por una tecnocracia en la ANI, cuyo portafolio de proyectos tiene evaluaciones socioeconómicas positivas individual y colectivamente. Se ha mejorado la contratación de concesiones, que antes se orientaban erradamente bajo la filosofía de la obra pública: por ejemplo, ya no existen anticipos, se paga por disponibilidad, y las vigencias futuras que se aprueben pasan por una evaluación rigurosa en el Ministerio de Hacienda.
Se ha creado la Financiera de Desarrollo Nacional, con capacidad de apalancar deuda y con el gobierno corporativo que la protege del ciclo político, y que puede administrar responsablemente los fondos de la venta de Isagén.
La venta de Isagén tendrá efectos neutrales para el sector eléctrico. El destino de esos dineros será altamente productivo para los ciudadanos y se realizará en un sector que viene mejorando sus capacidades. La ausencia de inversión en infraestructura es el mayor impedimento de Colombia para crecer.
Colombia merece salir del puesto 17 en América Latina y el Caribe en su calificación del Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial.
Juan Benavides
Investigador Fedesarrollo.
Miembro del Consejo Directivo de la ANI y de la Junta Directiva de Celsia.