Según las cifras gubernamentales, de 47 ataques sufridos en el primer trimestre del 2013, el número bajó a 27, lo cual hace pensar en un relativo alivio.
Sin embargo, la intensificación vivida en los primeros días de abril –lapso en el cual el ritmo ha sido casi diario–, deja en claro que la presión sigue.
Así lo pueden atestiguar el medio millar de trabajadores que serían licenciados en Arauca ante las continuas suspensiones en el bombeo del oleoducto que une a Caño Limón con el puerto de Coveñas.
Aunque los voceros gubernamentales sostienen que las metas de producción de crudo no se encuentran en peligro, basta recordar que en tiempos recientes el promedio de extracción llegó a descender sustancialmente cuando no fue posible sacar el petróleo.
Ello para no hablar del enorme daño ecológico incurrido, pues a lo largo de casi tres décadas se ha vertido en el territorio colombiano el equivalente de lo que cayó en el golfo de México, tras la tragedia por la cual se culpó a la compañía British Petroleum.
Adicionalmente, hay un efecto imposible de calcular todavía, pero que sin duda pesará en las cuentas de las empresas del ramo.
Este consiste en que la percepción de seguridad vuelve a enfrentar interrogantes, ante la cantidad de cargas dinamiteras que colocan tanto las Farc como el Eln.
Todo lo anterior muestra que el costo del terrorismo tiene mediciones de corto, mediano y largo plazo. Bajo cualquier escenario de tiempo que se use, el balance deja un elevado saldo en rojo que obliga a una respuesta más efectiva de las autoridades para enfrentar un enemigo tan hostil como siempre.