El martes pasado, cuando el Gobierno lanzó el Pacto de Transparencia en el sector transporte, el despliegue de la noticia fue relativamente tímido. Para los escépticos se trataba de otro anuncio oficial, que no iba más allá de la simple firma de un papel.
Sin embargo, el mecanismo podría tener un importante impacto si se acaba imponiendo su suscripción en todas las entidades públicas involucradas con el tema. Por ahora, los firmantes fueron la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del ramo, la Secretaría de Transparencia, el Invías y 13 mandatarios locales y departamentales.
Ese último número es muy pequeño para que tenga una verdadera incidencia, cuando se tiene en cuenta que es en las regiones en donde se presentan las grandes irregularidades en la contratación de obras de infraestructura. Por tal motivo, el propio Juan Manuel Santos mostró el garrote al decir que si un ente territorial no se suma al esquema, no recibirá fondos del Gobierno Central.
Ojalá esa voluntad se mantenga firme. El motivo es que esta es la forma de meter en cintura a alcaldes y gobernadores que elaboran licitaciones con nombre propio, para así repartir la mermelada presupuestal entre su gente cercana.
La manera de hacerlo es la adopción de seis puntos que incluyen publicar los procesos contractuales o la puesta en marcha de lo que se llama una sala transparente, para que se pueda ejercer la veeduría pública. Lo más trascendental, en todo caso, son los pliegos tipo que ya están redactados y que deberían convertirse en el único referente válido.
Y es que solo con esquemas homogéneos podrá ser posible espantar el fantasma de la corrupción y promover la competencia entre firmas constructoras. El Pacto es un buen comienzo, pero los pasos que siguen son clave.
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@ravilapinto